Confusión de figuras jurídicas y arbitrariedades resaltan en la "vergonzosa" resolución sobre la reversión del Olímpico Atahualpa, apuntan juristas
Esta semana, el proceso de reversión del estadio Olímpico Atahualpa se suspendió tras la concesión de una medida cautelar interpuesta por el interventor de la Concentración Deportiva de Pichincha. Se trata de un proceso impulsado por el Municipio de Quito con el que buscaba retomar la administración del escenario deportivo.
A las 10h30 de este viernes 20 de junio, la acción de protección se resolverá en derecho, mientras que desde la academia se avizora un posible desenlace ante la que consideraron una fallida resolución adoptada por el Concejo Metropolitano de Quito.
Diego Oviedo, abogado especialista en Derecho Civil y catedrático universitario, identificó una serie de inconsistencias en lo ejecutado por el Cabildo. Entre ellas, dijo, está la supuesta inscripción del estadio Atahualpa a nombre del Municipio, cuando la cédula catastral del predio tiene a la Concentración Deportiva de Pichincha como razón social. Es decir, como titular del dominio de la propiedad.
Otro de los cuestionamientos surge en la resolución adoptada por el Concejo, a la que calificó como una "absoluta vergüenza". Detalló que, en esta, se confunden las figuras jurídicas del comodato y la donación, cuestiones que se contraponen en el texto de la resolución y el propio contrato suscrito en 1966.
Precisó que, una vez que una razón social es dueña de un predio, la única forma de perderlo es a través de una permuta o una compra-venta, más no por una resolución del Edil.
"No puede, a través de una resolución, quitar el dominio a alguien. Esto puede considerarse como una confiscación", dijo.
Pero este caso, explicó, se remonta hace 59 años, cuando la donación del estadio Olímpico Atahualpa fue de carácter irrevocable. Sin embargo, el contrato estableció una donación condicional en la que fijaba que la Concentración Deportiva de Pichincha no podrá enajenar bienes o realizar embargos en un futuro. Algo que no ha sido incumplido por la entidad.
Pese a esto, la resolución del Concejo alega incumplimientos en el mantenimiento del escenario y una falta de garantías para que deportistas de distintas disciplinas cumplan sus actividades, sin que conste dentro del contrato de donación.
"No hay un argumento legal sólido para que pueda operar lo que hizo el Concejo. Resolución no tiene ni pies ni cabeza, es una vergüenza", enfatizó.
Un criterio similar compartió Verónica Morales, abogada y catedrática universitaria, quien incluso recordó que, en 1966, el expresidente Clemente Yerovi suscribió un Decreto Ejecutivo en el que establece que el término de la donación del Municipio de Quito a la Concentración Deportiva de Pichincha podrá ejecutarse en un plazo de 10 años, por lo que incluso la acción adoptada en el Concejo estaría fuera del tiempo límite para implementarse.
Para Morales, una de las preocupaciones es la disposición del alcalde Pabel Muñoz quien, dijo, que el estadio Olímpico Atahualpa fue ya inscrito a nombre del Municipio de Quito. A esta acción, la calificó como una medida arbitraria que inobservó el debido proceso y, en la línea del derecho civil, no ha sido acertada.
"Si puede establecer mecanismos de negociación, de gestión y participación colectiva, esa es la vía, y no la arbitrariedad", indicó.
Morales recordó que, la acción alegada por el Alcalde Muñoz guarda aún ciertos "espacios de vacío" que habrían imposibilitado el proceso de reversión.
La restauración del estadio Olímpico Atahualpa desde una mirada política
Como un símbolo y monumento importante de la ciudad, así calificó el exalcalde de Quito, Antonio Ricaurte, al estadio Olímpico Atahualpa. Consideró que, más allá del punto de vista deportivo, el escenario fue un punto clave para el desarrollo de la capital.
Esto, dijo, convirtió al centro-norte de la urbe en una de las mejores zonas con alta plusvalía y fuentes de desarrollo. Por ello, lamentó que mientras ocurre la discusión jurídica detrás del escenario, una restauración aún parece lejana.
Ricaurte reconoció que, si bien ocurrieron "aberraciones jurídicas" en la decisión del Concejo Metropolitano, es necesario buscar los argumentos legales necesarios para, mediante nuevas medidas, se logre un restablecimiento de la infraestructura deportiva.
Indicó que, una vez que se solucione este lío judicial, deberán ser el Municipio de Quito, la Concentración Deportiva de Pichincha y el Ministerio del Deporte los encargados de trabajar de manera conjunta para implementar un proyecto de remodelación del estadio.
"Mientras haya discusión, ese símbolo está destinado a destruirse", lamentó.
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