La Contraloría halló responsabilidades civiles por USD 11.6 millones contra 68 funcionarios de 13 hospitales del Ministerio de Salud Pública.
Un análisis realizado en el 2023 determinó diferencias entre las cantidades de medicamentos recibidos por los pacientes y los existentes en las bodegas general y de farmacia de los hospitales.
El informe también señala que no se verificó que los bienes cumplieran con las especificaciones técnicas en su recepción, lo que impidió el cobro de multas y permitió el almacenamiento de dispositivos médicos caducados o adulterados.
Esto afectó el acceso de pacientes con VIH a pruebas de hepatitis B y provocó el desabastecimiento de medicamentos esenciales para pacientes con hemofilia.
Los hallazgos se identificaron en el hospital Eugenio Espejo, Baca Ortiz, Francisco Icaza Bustamente, Gilbert Pontón, entre otros.