Ley de Integridad Pública
La disposición transitoria décima primera de la Ley de Integridad Pública establece que la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria tendrá tres meses para emitir regulaciones para identificar a las cooperativas que deben convertirse en bancos.
En NotiMundo al Día, André Benavides, abogado de Asofipse, explicó que esta disposición no fue iniciativa del presidente de la República, Daniel Noboa, quien remitió el proyecto a la Legislatura con el carácter de urgente en materia económica.
"Es en la Asamblea Nacional, donde, por la ventana, se meten varias disposiciones que no tenían nada que ver con el proyecto de Ley. Los que deben rendir cuentas de por qué metieron a última hora esto es la Asamblea", manifestó.
Aunque reconoció que esto no fue parte de la iniciativa de Noboa, Benavides cuestionó que el mandatario no haya vetado la Ley una vez que la tuvo en sus manos. "Varias de las disposiciones, que ahora ya están vigentes, son inconstitucionales, principalmente, porque no han garantizado la unidad de materia", apuntó el jurista.
Por otro lado, recordó que las cooperativas no tienen fines de lucro, sino que buscan ayudar a las economías populares y solidarias, por lo que no podrían ser pasar a ser bancos. El constitucionalista también aclaró que estas cooperativas están reguladas por la Junta de Política Monetaria y Financiera. El problema, dijo, se da con que a los socios de esas cooperativas se quiere obligar a dejar su calidad de socios para convertirse en cliente.
Benavides precisó que en el sistema financiero existen tres modelos económicos: público, privado y el social-solidario. "El momento en que se obliga a alguien pasar de un modelo a otro está desconociendo lo que la Constitución establece", aclaró.
A su criterio, la Corte Constitucional (CC) debe tramitar las 16 demandas de inconstitucionalidad que han sido presentadas contra la ley, las califique y, en los casos en que se justifique de manera adecuada, se dicte la medida cautelar correspondiente para suspender los efectos de la aplicación de la disposición. "Invoco a la CC que dé el trámite prioritario a estas demandas, debido a que ya se están ejecutando algunas medidas que pueden ser violatorias de derechos constitucionales", puntualizó.
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