Defensa de Aquiles Alvarez apela la orden de prisión preventiva y cuestiona la teoría de la Fiscalía en el caso Goleada
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y sus dos hermanos irán a prisión preventiva en el caso Goleada. La misma medida regirá para otros dos procesados, mientras que, para otras cinco personas, se dictaron medidas cautelares y arresto domiciliario para un procesado de la tercera edad.
Entre los vinculados a la causa, que investiga una presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria están Carlos Asanza, gerente de la terminal terrestre de Guayaquil, César Bravo, representante de la empresa Fuelcorp, involucrada en el caso Triple A y Pedro Hidalgo, relacionado a la comercialización de combustibles.
Esta mañana, la Fiscalía pidió prisión preventiva para 10 de los 11 implicados, argumentando la necesidad de "neutralizar riesgos procesales" en torno a una posible fuga de los procesados.
De acuerdo con la teoría del caso, existiría una especie de "entramado societario complejo" que, a juicio de la Fiscalía, ha corrompido a funcionarios y evadido el control de instituciones en torno a la comercialización de combustible.
Ramiro García, abogado de Aquiles Alvarez, cuestionó que, tras el dictamen de prisión preventiva, no se haya permitido acceder a los procesados. Insistió en que, el surgimiento del caso Goleada refleja los mismos hechos que el caso Triple A, relacionado a tráfico de combustibles.
Dentro de la formulación de cargos, lamentó que el magistrado no haya presentado un análisis individualizado de los implicados. Al contrario, aseguró, el juez habría iniciado la diligencia con la idea de "lanzar prisión preventiva a todos".
Con respecto al fondo de la investigación, García cuestionó que la Fiscalía sostenga su teoría del caso en la supuesta responsabilidad de comercializadoras de combustible sobre las ventas de estaciones de servicio. Esto cuando, el rol que juegan estos actores en la cadena productiva, impide que un solo galón salga de sus fuentes sin autorización de Petroecuador.
Detalló que, la intención de la Fiscalía, fue armar una "mareja societaria" planteando que se hubiese utilizado una serie de empresas para cometer defraudación. Esto, cuando en el sector de combustibles, todo debe ser facturado, documentado y bancarizado.
Quisieron armar una pareja societaria planteado que se hubiese utilizado una serie de empresas para defraudar. Todo en sector combustibles debe ser facturado, documentado y bancarizado.
"Se está tratando de equiparar un holding empresarial a un grupo de delincuencia organizada", detalló.
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