La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador negó las acusaciones de acaparamiento formuladas por el Gobierno y sostuvo que la actual crisis de combustibles en el país tiene origen en deficiencias estructurales dentro del sistema de abastecimiento.
A través de un boletín difundido el 15 de mayo de 2026, el gremio cuestionó que se responsabilice a las estaciones de servicio por la escasez registrada en varias ciudades. Según indicó, las largas filas y problemas de suministro continuaron entre el 12 y el 14 de mayo, incluso después del ajuste de precios, situación que —a su criterio— contradice la teoría de especulación.
La organización señaló que, si realmente hubiese existido acaparamiento, el combustible habría retornado con normalidad tras el incremento de tarifas. Sin embargo, afirmó que persistieron restricciones y dificultades de despacho en distintos sectores del país.
CAMDDEPE atribuyó el problema a limitaciones operativas y logísticas, especialmente en terminales estratégicos como El Beaterio, en Quito, y Pascuales, en Guayaquil. Además, recordó que varias comercializadoras han reportado racionamientos continuos en los últimos meses, lo que evidenciaría una problemática sostenida en la cadena de distribución.
El gremio también mencionó que la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos reconoció retrasos en procesos de transporte y despacho, vinculados a inconvenientes logísticos. A esto se suman reportes de faltantes en provincias como Manabí y Guayas, incluso en periodos donde no existieron variaciones de precios.
Finalmente, la Cámara rechazó cualquier intento de responsabilizar a los distribuidores por la crisis y pidió al Gobierno actuar con mayor transparencia, implementar soluciones técnicas y adoptar medidas oportunas para evitar mayores afectaciones en el suministro nacional.
