Combate al crimen organizado

Ecuador es un "narcoestado de bienestar" y requiere medidas excepcionales para contrarrestar la cooptación crimen, según catedrático de España

Un año y medio después de la declaratoria del conflicto armado interno, el país enfrenta una crisis de seguridad, con una mayor infiltración del crimen organizado en instituciones del Estado.

La captura de alias 'Fito' es, según el Gobierno, un mensaje al resto de organizaciones criminales que operan en el país. Mientras tanto, las autoridades buscan su extradición a Estados Unidos por siete cargos, entre ellos, narcotráfico y contrabando de armas. La infiltración del crimen organizado en las instituciones del Estado saltó nuevamente al debate público tras las revelaciones del caso Depuración Azul, donde seis policías comercializaban armas a bandas delincuenciales.

Desde España, la perspectiva de Ecuador en torno a la expansión del crimen organizado es similar. Adrián Marchal González, director del Departamento de Seguridad y Defensa de la Universidad Nebrija, señaló que el país se encuentra en un "punto de balance", en el que se requieren medidas excepcionales.

Detalló que este conflicto no es simétrico, sino que tiene dos actores vitales: el Estado y el crimen organizado. Por un lado, el Gobierno y las otras Funciones, que siguen el ordenamiento jurídico para combatir a bandas delincuenciales, mientras que, por el otro, las estructuras ilícitas cuentan con el poderío económico para corromper y sostenerse, irrespetando "las reglas del juego".

Marchal consideró que Ecuador es un "narcoestado de bienestar", en el que las organizaciones criminales crearon un "Estado paralelo", en el que existe una cooptación de jueces, fiscales, integrantes de las Fuerzas del Orden, y elementos de la propia sociedad civil. Para enfrentar esta estructura, dijo, se requiere tomar conciencia sobre la gravedad del problema de inseguridad que el país enfrenta desde hace varios años.

"Situaciones excepcionales, requieren medidas excepcionales", precisó.

De acuerdo con Marchal, entre las acciones que debería adoptar el Gobierno está la inversión en zonas rurales para evitar que personas que residen en zonas marginadas sean fácilmente cooptadas por organizaciones criminales. A esto, señaló, debe sumarse una mayor atención en el componente social.

Depuración institucional

La semana pasada, las revelaciones del caso Depuración Azul expusieron a seis policías, involucrados en una trama de venta de sus armas de dotación a integrantes de organizaciones criminales.

Sobre este tema, Marchal destacó la importancia de redoblar los esfuerzos de unidades de asuntos internos para identificar patrones que determinen una eventual cooptación de la delincuencia organizada.

"Es aquí donde hay que realizar una serie de acciones efectivas y decisivas con total seguridad, porque de lo contrario podemos estar avocados a una situación caótica", alertó.

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