"Ecuador no puede morirse de hambre", señala exviceministro de Minas, y alerta los riesgos de desplazar a la minería legal y controlada
El Parque Nacional Yasuní, la Zona Intangible y el adyacente territorio waorani, fueron declarados Reserva de la Biosfera por la UNESCO, en 1989. Ahora, se han levantado alertas de actividades extractivas que podrían derivar en una catástrofe ambiental y social.
Según una denuncia de dos guardaparques, un grupo de mineros ilegales, con la ayuda de dirigentes waorani, ingresaron al área una retroexcavadora, así como una procesadora de material aurífero y otros implementos utilizados en la minería ilegal.
En NotiMundo al Día, Fernando Benalcázar, exviceministro de Minas, lamentó que las advertencias emitidas durante el proceso de concienciación que se buscó para evitar el cierre del Bloque 43 no hayan dado resultado.
"Siempre decíamos que la presencia de la petrolera y de controles de acceso a la zona, que, combinado con la salida de la empresa privada del Bloque 16, influyen directamente en el Parque Nacional Yasuní, porque son las dos puertas de acceso existentes", recordó.
Por ello, ante la alerta de las actividades ilegales que se estarían ejecutado, Benalcázar lamentó que el Estado no tenga la capacidad de control en esta y otras zonas tomadas por la minería ilegal, en 22 de las 24 provincias del país.
Lo más preocupante, según Benalcázar, es que en poco tiempo se podrían dar temas de cacería ilegal, extracción irregular de maderas finas, así como el impacto social que esto traerá.
El exfuncionario agregó que la crisis social que podría derivar de este presunto acuerdo entre quienes se dedican al extractivismo y miembros de la Comunidad Waorani Tobeta podría traer graves consecuencias, dado que al aceptar la interacción con estos grupos irregulares tienen obligaciones con los mismos. "Nada es gratis con estos grupos organizados", apuntó.
Además, recordó que esto aumenta la vulnerabilidad de los pueblos en aislamiento voluntario, como los Tagaeri y Taromenane. "Es triste ver en el Ecuador cómo, a raíz de la obligación de cerrar los pozos del ITT, han implicado pérdidas de USD 700 millones para el erario nacional", lamentó.
Insistió en que el Estado no tiene la capacidad para controlar tantos frentes de minería ilegal en el país y destacó la labor del actual Gobierno, como tener un consejo adscrito a la Presidencia, en lugar de la comisión de control de esta actividad. "A diferencia de los anteriores, este Gobierno tiene una decisión política y formal; el presidente Noboa ha puesto este tema en la agenda con EE.UU.", añadió.
Polémica por proyecto minero Loma Larga
Sobre el controversial proyecto minero Loma Larga y la oposición generada en Cuenca, tras la licencia conseguida para la fase de explotación, Benalcázar dijo que ya se sabe que en el sitio existe oro, por lo que su extracción se dará de forma controlada o "por la puerta de la izquierda", de forma irregular, con todas sus implicaciones.
"El Ecuador no puede morirse de hambre, teniendo los recursos que tiene", apuntó el exviceministro y dijo que el proyecto Loma Larga sería una oportunidad fundamental para viabilizar el desarrollo.
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