Minería
La minería en Napo se suspenderá desde este 2 de febrero, así lo anunció la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. La medida, según la ministra Inés Manzano, responde a informes técnicos que evidencian la presencia de metales pesados como cobre, plomo, arsénico y cadmio, así como cianuro, en concentraciones que superan los límites máximos permisibles, en los ríos Calera y Amarillo, pertenecientes a la cuenca hidrográfica Puyango - Tumbes.
Por otro lado, la operación de plantas de beneficio ubicadas en las provincias de El Oro y Loja estará restringida. La ministra Manzano agregó que la resolución del Ministerio de Ambiente y Energía también involucra controles y procesos administrativos sancionatorios en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y con el respaldo de la fuerza pública.
La Cámara de Minería aclaró que no cuenta con empresas afiliadas que desarrollen actividades en la provincia de Napo. El gremio destacó los controles anunciados por el Gobierno contra la extracción ilícita y ratificó su disposición a colaborar con el Estado para regular y fiscalizar malas prácticas mineras. "La minería legal e industrial opera bajo estrictos estándares ambientales, técnicos y de control", dijo la Cámara, a través de un comunicado.
Al ser Napo una provincia con concesiones mineras legales y actividades ilícitas, las operaciones del Gobierno afectarán en cierta medida a ambas operaciones, reconoció el exministro de Energía y Minas, René Ortiz. Señaló que, estas estructuras no surgieron recientemente, sino que requieren de bastante tiempo para infiltrarse en un territorio.
"Tiene sus efectos. Nadie puede negar que todas estas operaciones tienen colaterales y secuelas que se dan a posteriori", dijo.
De acuerdo con Ortiz, el anuncio del Gobierno era el esperado desde hace varios meses, ante alertas de una fuerte presencia de minería, particularmente ilegal, en la zona. Consideró que, si la intervención no arrancó antes, se debió quizás a la recopilación de información de inteligencia sobre puntos conflictivos y sitios ilegales que debían ser atacados.
Más allá de un ambiente fracturado con Colombia, señaló que la connotación de las operaciones de las autoridades no debe ser política, sino absolutamente de seguridad. Consideró que, sobre esto, la alerta sería clara para las organizaciones criminales.
Sobre proyectos de remediación en las zonas devastadas por la minería, Ortiz indicó que debería ser la responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados el reparar los ecosistemas afectados. Una clave de esto, dijo, podría ser la propuesta de ley del Ejecutivo para que las administraciones locales designen el 70% de su presupuesto en obra social.
"Hay que concertar con la decisión de transformar los gastos de los GAD, sobre los ingresos que reciben de la industria de petróleo, como la industria eléctrica y minera", señaló.
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