El Foro por la Democracia advierte un "deterioro de la institucionalidad" con actuaciones cuestionables desde el aparataje estatal
El Foro por la Democracia denunció un "grave deterioro institucional" en el marco de una estrategia sistemática que apunta nuevamente a la Corte Constitucional. Según los 28 juristas que suscriben la misiva, la intervención de la Contraloría a dos de sus jueces responde a un intento deliberado de intimidación y sometimiento.
Además, el Foro se refirió a la situación jurídica que impide a Alexandra Villacís asumir como presidenta encargada del Consejo de la Judicatura, mientras el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social impulsa un proceso para nombrar a su reemplazo.
"Lo que está en juego no es un conflicto entre instituciones, sino el derecho de la ciudadanía a vivir en democracia", enfatizó el gremio.
André Benavides, abogado constitucionalista y uno de los firmantes de la carta, consideró que existen varias actuaciones de todo el aparataje estatal que levantan alertas sobre una deficiente institucionalidad.
Una de ellas, dijo, es el caso de Alexandra Villacís. Cuestionó que de manera coordinada se hayan activado el SRI, el Ministerio del Trabajo, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Corte Nacional de Justicia para impedir que asuma su cargo en reemplazo de Mario Godoy.
"Tenemos una sentencia que no se quiere cumplir. Si estamos en un Estado donde no se acatan decisiones judiciales, es claro que la institucionalidad tiene problemas", dijo.
Con respecto al análisis patrimonial de los jueces de la Corte Constitucional, Benavides indicó que todo funcionario público está expuesto al escrutinio y también a investigaciones penales por la presunción de un delito. No obstante, alertó que "llama la atención" de revelaciones en contra de los magistrados, a puertas de una decisión en torno a la resolución del CNE que adelantó las elecciones seccionales para noviembre de este año.
Sobre este tema, consideró que la decisión violenta dos principios legales: de seguridad jurídica y de igualdad. Esto, debido a que fuerza a un cambio en las reglas de juego en el calendario electoral y, al mismo tiempo, genera un deterioro en el sistema electoral. De acuerdo con Benavides, recortar los plazos para las distintas etapas podría dejar a Alcaldías y Prefecturas acéfalas, ante la posibilidad de que algunas de las autoridades busquen la reelección y deban renunciar tal y como lo establece el Código de la Democracia.
Además, refutó el argumento de la presidenta del Consejo, Diana Atamaint, quien aseguró que el CNE es una autoridad máxima en periodo electoral. Según Benavides, esta afirmación es incorrecta, debido a que es la Carta Magna la que prima por sobre todas las instituciones.
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