El plan de seguridad para Quito llega tarde y con un fuerte cálculo electoral" dice Arturo Moscoso
El Gobierno central puso en marcha un plan de seguridad en Quito que contempla el despliegue de 2.000 policías y 2.000 militares. Además del uso de drones, motocicletas y controles focalizados en puntos considerados críticos, como estaciones del Metro, unidades educativas, mercados y entidades bancarias.
En NotiMundo A La Carta, el analista Arturo Moscoso cuestionó el momento en que el Gobierno implementa el nuevo plan de seguridad en Quito. Señaló que la respuesta llega después del aumento de la violencia y afirmó que "el plan de seguridad para Quito llega tarde y con un fuerte cálculo electoral", al considerar que la estrategia también estaría vinculada con las próximas elecciones seccionales.
Moscoso identificó además como uno de los principales problemas la falta de coordinación entre el Gobierno central y el Municipio de Quito, marcada por la polarización política y los intereses partidistas. Según explicó, esta disputa termina dificultando acciones conjuntas en áreas como el control del tránsito y de las motocicletas, vehículos que con frecuencia son utilizados para cometer delitos.
Aunque las fuerzas de seguridad realizan operativos y requisas temporales en sectores determinados, el analista cuestionó la ausencia de medidas estructurales por parte del Municipio. A su juicio, algunos vacíos normativos podrían ser abordados mediante ordenanzas locales, en lugar de limitarse a intervenciones puntuales.
Asimismo, advirtió que el actual plan no presenta suficiente información sobre las estrategias de inteligencia e investigación criminal. Sostuvo que combatir únicamente las manifestaciones visibles de la delincuencia o detener a determinados cabecillas no permite desarticular las estructuras del crimen organizado, que tienen capacidad para reorganizarse rápidamente.
Finalmente, Moscoso alertó sobre los riesgos de mantener una presencia militar y policial permanente en la ciudad. Entre ellos mencionó posibles abusos, vulneraciones de derechos humanos, enfrentamientos y los denominados "falsos positivos". Señaló que las Fuerzas Armadas no están diseñadas para asumir de manera indefinida tareas de control interno, por lo que su participación debería ser temporal y complementarse con políticas de inteligencia, prevención y seguridad sostenibles.
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