Sistema carcelario
Cumplir con el déficit de guías penitenciarios mediante la incorporación temporal de policías y militares en servicio pasivo, depurar el SNAI, reclasificar reos por su nivel de peligrosidad y crear un sistema de inteligencia penitenciaria son parte de las características de la nueva ley aprobada en la Asamblea Nacional.
Este último punto, según el experto en seguridad, Jean Paul Pinto, es de vital importancia. Consideró que contar con un subsistema de inteligencia permitirá anticipar cualquier alerta que ocurra dentro de las cárceles y garantizar, de alguna forma, el control en los centros penitenciarios.
A esto, dijo, es "fundamental" la profesionalización de guías carcelarios, así como la rendición de pruebas de confianza para determinar la transparencia y probidad de los funcionarios.
"Si no retomamos el control de las cárceles, lo que hagamos después no sirve de nada", enfatizó.
Uno de los cuestionamientos a la normativa aprobada, según Pinto, recae sobre la propuesta de que los privados de la libertad trabajen para suplir sus necesidades. A su criterio, la aplicación de esta iniciativa resulta compleja si no existe una apertura del sector privado para la garantía de plazas de trabajo a los reos una vez que cumplan su condena.
"El socio estratégico de la norma que acabamos de aprobar es el sector privado. Si el sector privado no entra en el juego, no va a pasar nada", indicó.
Para Pinto, es imprescindible analizar experiencias de otros países. Una de ellas, dijo, es la de Colombia. Centros penitenciarios cerca de cafetales plantean la posibilidad de que los reos cosechen café. Un escenario similar se vive en Uruguay, donde los privados de la libertad tienen acceso a granjas para cumplir sus labores.
En Francia, los reos trabajan con un salario y, posterior al cumplimiento de su pena, son contratados por empresas privadas. Pero la experiencia con mayor resultado, señaló, se evidencia en Guatemala. Allí, los presos trabajan bajo la modalidad del 33%. Es decir, una división del 33% para el recluso, el 33% para su familia y el 33% restante a un fondo que le servirá una vez salga de prisión.
El principal objetivo del control de las cárceles, dijo, es quitarle la rentabilidad al narcotráfico dentro de los establecimientos de rehabilitación social. Para esto, insistió, es importante analizar el modelo salvadoreño impulsado por Nayib Bukele.
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