El Pleno del Consejo de la Judicatura declaró la emergencia en la administración de justicia. La presidenta Mercedes Caicedo señaló que, con esta medida, se aprobó los procedimientos para la designación temporal de jueces de los Tribunales de Garantías Penales y de las Cortes Provinciales de Justicia, así como de conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia. Esto, para cubrir de manera inmediata las más de 700 vacantes en todo el país.
Con la declaratoria de emergencia, el Consejo implementará un mecanismo excepcional de selección temporal que permitirá fortalecer la capacidad operativa de los órganos jurisdiccionales mientras se ejecutan los concursos públicos. Según explicó la presidenta Caicedo, se dispuso que, en 10 días, se presente la metodología para la selección de jueces temporales de unidades judiciales y otras dependencias a escala nacional.
Para Marcelo Dueñas, abogado penalista, la declaratoria de emergencia responde a una situación que se ha acarreado a lo largo de los años. A su criterio, el retraso en el trámite de causas judiciales responde al déficit de funcionarios frente al aumento de la población.
Ahora, nombrar cerca de 800 jueces será una tarea "ardua" y "riesgosa", dijo Dueñas, al reconocer el desafío de llenar las vacantes a escala nacional, tanto en la alta Corte, como en delegaciones provinciales.
La principal complicación, según Dueñas, será hallar perfiles con idoneidad, honradez y honestidad, quienes serán los encargados de ocupar los puestos restantes en la administración de justicia. Pero no es cualquier puesto, recordó el jurista, sino uno que se encargará la función de impartir justicia.
De acuerdo con Dueñas, la declaratoria por sí sola es una solución excepcional y temporal bajo el "peligro" de que la celeridad e inmediatez con la que se desarrollará la designación de jueces abra la puerta a irregularidades.
"Hay el riesgo y peligro de que, de manera subjetiva y discrecional, de que el Consejo de la Judicatura escoja perfiles para ubicarlos en especialidades de la administración de justicia", dijo.
Para evitar anomalías en este proceso, Dueñas consideró imprescindible la transparencia en las pruebas de confianza. Esto, para determinar la intención del postulante de entrar en la administración de justicia.
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