Contrataciones públicas
En NotiMundo Estelar, Alejandra Vivanco, exsubcontralora del Estado, expresó su preocupación ante esta decisión. A su juicio, la eliminación de estos informes debilita los controles preventivos y podría incrementar el riesgo de irregularidades en la administración de los recursos públicos.
Vivanco explicó que los informes de pertinencia y favorabilidad eran herramientas clave para garantizar la transparencia en la contratación pública, ya que permitían verificar, antes de iniciar un proceso contractual, aspectos esenciales como la disponibilidad presupuestaria y la adecuada identificación de necesidades.
"La eliminación de los informes de pertinencia se traduce en una reducción de los controles previos a la contratación, lo que podría resultar en un aumento de irregularidades y decisiones inadecuadas", advirtió Vivanco.
Recordó que estos informes han tenido un ciclo de creación, eliminación y reintroducción. Fueron recuperados durante el gobierno de Lenín Moreno como parte de un esfuerzo para fortalecer la supervisión en la contratación estatal. Por eso, considera que su reciente supresión contradice ese objetivo y genera incertidumbre sobre el rumbo del control público.
Además, cuestionó que la Ley de Integridad Pública, presentada por el Ejecutivo como un avance en transparencia, en realidad debilita a la Contraloría General al modificar artículos clave de su ley orgánica. Esto, aseguró, implica una reducción de competencias y responsabilidades en la fiscalización de los procesos contractuales.
Vivanco también criticó la confianza depositada exclusivamente en auditorías posteriores. Señaló que la reforma al artículo 39 de la ley podría restarles peso en la determinación de responsabilidades, lo que permitiría limitar gravemente la capacidad sancionadora y correctiva del órgano de control.
A su criterio, reducir controles previos no equivale a mayor eficiencia. Por el contrario, implica más riesgos y decisiones que podrían afectar tanto la legalidad como la eficacia de las contrataciones.
Como alternativa, la experta propuso fortalecer y reglamentar los informes en lugar de eliminarlos. "Mejorar estos mecanismos habría sido fundamental para asegurar el buen uso de los recursos públicos y garantizar contrataciones más eficientes".
Finalmente, alertó que la ausencia de estos controles incrementa significativamente los riesgos en la toma de decisiones dentro del sector público, lo cual podría comprometer la calidad, eficiencia y transparencia de las contrataciones.
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