Fiscalía actuó "a la ligera" en el caso Apagón; personas que intervinieron no están procesadas, cuestiona defensa de Gonzalo Guerrón
La Fiscalía pidió prisión preventiva para los 21 nuevos procesados en el caso Apagón, que investiga un presunto peculado en los fallidos contratos con Progen. Entre ellos, constan el exministro de Energía, Antonio Goncalves y el exviceministro de Electricidad, Fabián Calero.
Para Andrew Williamson y Karla Saud, ambos representantes de la empresa estadounidense, la institución solicitó una notificación roja de la Interpol para su localización y captura. Las medidas planteadas por el fiscal Carlos Alarcón fueron justificadas en la "insuficiencia" de dictar disposiciones alternativas y el alto riesgo de fuga de los implicados.
Según la teoría del caso, USD 104 millones habría sido el perjuicio económico de los contratos con Progen, la firma extranjera que debía incorporar motores de generación en Salitral y Quevedo con una capacidad de aproximadamente 150 megavatios.
En el segundo día de la audiencia de formulación de cargos, el fiscal Carlos Alarcón presentó más de 150 elementos de convicción con los que, dijo, se "supera ampliamente" una "mera sospecha" de los implicados.
Según el funcionario, la estructura investigada apunta a un supuesto abuso, apropiación, distracción, evasión y omisión de procedimientos de contratación para favorecer a la contratista Progen. El fiscal señaló que, tras un análisis de la firma API Pecoms, no se registraron contratos para la realización de inspecciones previas al embarque de los motores de generación.
En la intervención de Alarcón, se expuso el análisis del auditor técnico Carlos Merino, quien evidenció que existirían certificados engañosos que acreditaban a Progen como fabricante de los motores de generación ofertados al Ecuador. Según el Fiscal, el fabricante de los equipos Electro Motive precisó que los generadores entregados al país dejaron de producirse hace algún tiempo. En el caso de Salitral, este salió del mercado en 2019 y, el de Quevedo, dejó de fabricarse en el 2009.
Un caso llevado "a la ligera"
Gonzalo Guerrón, exgerente de Termopichincha, es uno de los nuevos vinculados en el caso Apagón. Asumió el cargo en diciembre del 2024 cuando, para entonces, se tenía previsto que los generadores de Progen estén operativos.
Según Gladys Terán, abogada de Guerrón, el exgerente presentó un contrato complementario para mejorar el documento inicial que, en ese momento, "ya feneció". Uno de los cambios fue dividir en hitos lo que, inicialmente, planteaba uno solo. Con esto, se ampliaron las multas como consecuencias de los incumplimientos del contrato. Además, se obligó a Progen a domiciliarse en Ecuador en 30 días.
Frente a las irregularidades de los contratos, el 13 de agosto del 2025, Guerrón pidió a la Fiscalía investigar la trazabilidad del dinero entregado a Progen. La solicitud planteaba que se inicie una cooperación técnica internacional sobre la asistencia penal recíproca para determinar la ruta de los activos.
Terán cuestionó que la Fiscalía no haya vinculado a los administradores de los dos contratos en Salitral y Quevedo. Esto, debido a que, en contratación pública, ningún pago pasa sin la venia de los administradores.
"La Fiscalía ha actuado muy a la ligera (...) No están procesadas las personas que realmente intervinieron en el caso", dijo.
Una de las expectativas de Terán es que el juez sea receptivo con los alegatos de las defensas de los procesados el próximo 20 de mayo cuando se reinstalará la audiencia de formulación de cargos.
"Esperemos que el juez sea independiente y no se deje llevar de presiones de ninguna índole", insistió.
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