Fiscalía ha mostrado una "deficiente técnica jurídica" en el caso Apagón en su intento por acusar a los procesados por peculado, afirma penalista
El próximo 22 de mayo, el juez del caso Apagón informará su resolución en torno a los pedidos de la Fiscalía: prisión preventiva para los 21 nuevos procesados y la activación de una boleta roja de Interpol para la localización y captura de dos de ellos. Esta última medida, particularmente, para Andrew Scott Williamson y Karla Saud, ambos presentantes de Progen, la cuestionada empresa estadounidense, cuyos fallidos contratos, ocasionaron un perjuicio de USD 104 millones.
Durante la audiencia de formulación de cargos que se extendió por tres días, las defensas de los nuevos implicados -entre ellos el exministro de Energía, Antonio Goncalves y el exviceministro de Electricidad, Fabián Calero- presentaron sus argumentos. Todos alegaron una insuficiencia en las acusaciones de la Fiscalía y solicitaron la negativa a los pedidos de prisión preventiva.
Leonardo Stagg, abogado del exministro de Energía, Antonio Goncalves, cuestionó la claridad en la acusación de la Fiscalía en contra del exfuncionario del Gobierno de Daniel Noboa y solicitó negar el pedido de prisión preventiva. Stagg también criticó la situación de Andrew Scott Williamson, representante de Progen, cuyo defensor público asignado aseguró no tener contacto con su cliente. La defensa de Goncalves señaló que esta "omisión procesal" beneficia a la empresa estadounidense.
Otro de los abogados en intervenir fue Edwin Romero, representante de Celso Sánchez, exintegrante de la Comisión técnica que viajó a Estados Unidos a verificar los generadores eléctricos adquiridos a Progen. Según el jurista, su cliente alertó irregularidades y la obsolescencia de los motores de generación y entregó información que consta en cadena de custodia.
Las advertencias habrían sido remitidas por correo electrónico a los administradores del contrato y al Gerente de la Unidad de Negocio de CELEC. No obstante, la contratación siguió su curso. Para Leonardo Stagg, abogado del exministro Antonio Goncalves, las declaraciones de la defensa de Sánchez dejan en duda la posibilidad de que CELEC haya presuntamente ocultado alertas técnicas y trasladado la responsabilidad a funcionarios de menor rango.
El pasado martes, se difundió en redes sociales un video en el que extécnicos de CELEC advirtieron en 2024 irregularidades con los generadores adquiridos a Progen. En el material, los exfuncionarios dijeron temer por su vida al emitir estas declaraciones.
Este miércoles, Edwin Romero, abogado de uno de los extécnicos, reveló que, tras la divulgación del video, su defendido recibió 32 llamadas amenazantes. La Fiscalía se pronunció en torno al tema y señaló que dicho contenido no forma parte del expediente del caso Apagón, ni de los elementos de convicción del presunto peculado.
Una "deficiente técnica jurídica"
Para el abogado penalista, Jorge Luis Ortega, el fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, se apresuró en su intento de formular cargos contra el desfalco generado por Progen. Esto, en contexto de un "embate mediático" y el clamor ciudadano de esclarecer a los culpables de los fallidos contratos con la empresa estadounidense.
Resulta llamativo, dijo Ortega, la "ligereza" y premura con la que se impulsa el caso Apagón, dejando por fuera a nombres clave de la "malhadada" licitación. En su lugar, cuestionó, la Fiscalía vinculó a mandos medios y bajos de empresas eléctricas que, en su mayoría, no tendrían una responsabilidad penal.
Un ejemplo de esto, dijo, es la aclaración del Ministerio Público de dejar por fuera de la investigación las alertas emitidas por Celso Sánchez, incluyendo videos y documentos que, según su abogado, entraron en cadena de custodia. A criterio de Ortega, estas pruebas podrían ser precisas para dar con los responsables de los contratos.
Según Ortega, de ser el caso, resulta "delicado" que la Fiscalía no haya incluido las pruebas presentadas por Sánchez, pese a que fueron enviadas. Esto, dijo, podría configurar una eventual mutilación del expediente fiscal y un aparente fraude procesal.
"Cómo procede el Fiscal General del Estado y cómo actúa hace que se deslegitime su actuación en el resto de casos (...) pierde credibilidad", dijo.
Otro de los pendientes de la Fiscalía en el caso Apagón, según Ortega, es coordinar con el resto de instituciones afines la acciones que se siguen en el plano nacional e internacional para determinar la ruta del dinero entregado a Progen. Cuestionó que, hasta el momento, no se hayan presentado pericias financieras alrededor de la trazabilidad en el SRI y la banca privada.
A esto, dijo, debe sumarse una teoría sólida para determinar cuál fue la conducta penal vinculada a cada uno de los procesados. Sobre esta base, será importante, de acuerdo con Ortega, justificar la existencia del presunto peculado que, de ser el caso, podría reconfigurarse a delincuencia organizada.
"Lo que se evidencia es una deficiente técnica jurídica (...) no se establece la conducta de las personas (...) se juega con la imagen, el prestigio y la libertad de las personas", enfatizó.
Mira la entrevista completa
Escucha la entrevista completa