Fricciones internacionales
Colombia desplegó a sus tropas en la frontera con Ecuador para investigar la presunta caída de una bomba desde el vecino país en su territorio. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, instó a la comunidad a alejarse al menos 500 metros de donde se encuentra el artefacto, mientras se analiza su procedencia.
Esta acusación la hizo pública el presidente Gustavo Petro, quien, en un Consejo de Ministros, aseguró que una bomba habría caído desde un avión en territorio colombiano, dejando supuestamente 27 cuerpos calcinados. Descartó, además, que el explosivo sea de grupos armados organizados.
Del lado ecuatoriano, el Gobierno negó rotundamente cualquier ataque en Colombia, y precisó que todas las ofensivas contra el crimen organizado ocurrieron en territorio nacional.
Un "hecho aislado"
Erich Saumeth, experto en seguridad y defensa, consideró que este "incidente" no debería escalar a términos más graves, sino que se trata de un "hecho aislado". A su criterio, el manejo de la situación de parte del Gobierno colombiano no fue el correcto, pues el inconveniente se ventiló en redes sociales, en lugar de la vía diplomática.
Explicó que, si Colombia recibió el reporte de un artefacto explosivo en su territorio, debió desplazar a una comisión técnica para verificar la munición usada sin explotar. Luego de las inspecciones, dijo, cualquier consulta o percance debió establecerse por comunicación de alto nivel entre Estados.
"Desde el punto de vista de seguridad no tiene por qué trascender (...) han creado una tormenta en un vaso de agua", dijo.
De acuerdo con Saumeth, la comisión técnica colombiana deberá determinar el número de serie de la bomba arrojada, y así, dar con el fabricante y el usuario final. Se trata de un artefacto de 250 kg y que, al ser de caída libre, no es un armamento de precisión. Indicó que, resulta "muy probable" que uno de los explosivos no haya dado en el blanco y ocasionó este percance.
Uno de los puntos conflictivos entre los presidentes Daniel Noboa de Ecuador y Gustavo Petro de Colombia ha sido el control del narcotráfico en la frontera. Según Saumeth, más allá de las diferencias ideológicas, los mandatarios deberían trazar una política y estrategia conjunta de seguridad para golpear contundentemente al crimen organizado.
En esa línea, dijo, debería considerarse también al narcotráfico como un problema de salud pública. Esto, debido al incremento de cultivos de coca para suplir el alto consumo en Estados Unidos y Europa y que, en Latinoamérica, alimenta la estructura de violencia.
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