Contratación pública
La suspensión de contratos alcanzó esta vez al Municipio de Guayaquil. El Cabildo asegura que 47 procesos relacionados a programas culturales, deportivos, comunicaciones y de seguridad se mantienen en pausa por disposición del Servicio de Contratación Pública (Sercop).
Estas acusaciones fueron respondidas por la institución, la cual, a través de sus redes sociales, compartió la documentación acerca de los procesos interrumpidos por pedidos de subsanación, revisiones técnicas y jurídicas o falta de participación de proveedores. Además, hizo un recuento de los 1.767 procesos cargados en el portal de compras públicas desde noviembre del 2023, seis meses después de que el alcalde Aquiles Álvarez asumió el cargo.
El director del Sercop, José Julio Neira, señaló que el monto de los contratos suspendidos equivale a USD 9.7 millones y representa un 2.66% de los procesos tramitados. Por ello, calificó como "falsas" las acusaciones del Municipio de Guayaquil, en una nueva fricción con el alcalde Álvarez.
Según Aquiles Álvarez, entre los contratos suspendidos se encuentra la compra de insulina, un producto necesario para pacientes con diabetes que se atienden en centros de salud municipales de Guayaquil. Se trata de un proceso para la compra de 100 mil dosis por un valor de USD 1 millón, pero que, de acuerdo con el Sercop, se pretende importar un producto que ya existe en el país.
Además, la entidad señaló que el Municipio incumplió con un paso previo en el proceso de importación de la insulina en Ecuador: presentar el requisito de registro sanitario emitido por el Arcsa.
Para Alejandra Vivanco, experta en derecho administrativo, llama la atención que Neira hable de un sobreprecio en la contratación, cuando esta fase es posterior a la licitación, y no es competencia del Sercop determinar dicha irregularidad. Señaló que, la facultad del Servicio es identificar inconsistencias en la información cargada, pero hallar precios excesivos en contrataciones es una labor de la Contraloría General del Estado.
Incluso, aclaró, no existe un plazo determinado para subsanar las observaciones, sino que es el Sercop el que debe levantar los impedimentos.
"Podría entenderse que es un tema más político que técnico", cuestionó.
En su experiencia dentro del derecho administrativo, señaló que precedentes de este tipo no se han evidenciado, considerando el escenario particular de fricciones entre el Gobierno y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
"Nos deja un sabor amargo a todos de no saber si esto corresponde a análisis técnicos como dice la norma o a un tema político, y la institución está siendo utilizada para esos fines", cuestionó.
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