A seis días de las inundaciones que golpearon con fuerza a la isla Santa Cruz, en el archipiélago de Galápagos, las calles de Puerto Ayora continúan sumergidas en la desolación y los escombros.
En la intersección de las calles Ignacio Hernández y Marchena, a escasas dos cuadras del sector de La Cascada —epicentro de la riada—, los vecinos intentan rescatar lo poco que les queda entre montañas de desechos y sedimentos.
Allí, en medio de los restos de viviendas y locales anegados, Jason Ordóñez, habitante del sector, relató en Notimundo a la Carta la crítica realidad que atraviesa la comunidad, denunciando la ausencia absoluta de autoridades y la falta de auxilio institucional.
El panorama descrito por el morador es desolador: cerca del 70 % de las familias de la zona tuvieron que abandonar sus hogares debido a que los daños materiales fueron totales, viéndose obligadas a refugiarse en albergues provisionales o en hoteles que abrieron sus puertas gracias a la solidaridad ciudadana.
Según explicó Ordóñez, el agua alcanzó niveles extremos que destruyeron electrodomésticos, ordenadores y equipos periféricos. Pese a la magnitud del impacto, la ayuda estatal aún no se hace presente en el lugar; a excepción de un patrullero policial que vigila esporádicamente para evitar saqueos, no ha llegado personal municipal ni gubernamental a colaborar con las labores de limpieza, debiendo los propios afectados lavar sus pertenencias con hidrolavadoras y retirar el fango por sus propios medios.
Ante esta emergencia, el pedido más urgente de los damnificados es el envío inmediato de maquinaria pesada y cuadrillas de trabajadores para desalojar los escombros acumulados antes de que la situación empeore, especialmente debido a que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) mantiene la alerta máxima por la probabilidad de nuevas precipitaciones en la zona.
Asimismo, Ordóñez enfatizó la necesidad urgente de una intervención en planificación urbana que contemple la reubicación de las familias en terrenos seguros a través del Ministerio del Ambiente, advirtiendo que La Cascada es un área de alto riesgo que volverá a inundarse.
Decreto
Al respecto, el presidente Daniel Noboa emitió este 5 de noviembre de 2026 un decreto ejecutivo que faculta a las entidades del sistema financiero nacional a aplazar temporalmente el cobro de créditos de las personas afectadas por los estragos del fenómeno de El Niño en Ecuador.
La disposición contempla un diferimiento extraordinario de hasta 90 días para las obligaciones crediticias. Las cuotas correspondientes a ese período podrán trasladarse al final de la tabla de amortización de cada préstamo, con el propósito de aliviar temporalmente la carga financiera de los deudores afectados.
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