Decreto Ejecutivo N° 21
En un contexto de creciente violencia y presencia de grupos armados, el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo N°21, que declara como prioridad nacional la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de estructuras criminales.
La medida responde al aumento del involucramiento de menores en actividades delictivas y establece acciones inmediatas para detener este fenómeno que compromete la seguridad y el desarrollo del país.
Creación de comité
El decreto crea el Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes, instancia que estará compuesta por las máximas autoridades de 18 instituciones clave del Estado, incluyendo la Vicepresidencia, los ministerios de Seguridad, Educación, Salud, Inclusión, Defensa, Mujer y Derechos Humanos, entre otros.
Este comité tendrá funciones específicas como:
- Diseñar políticas públicas para la erradicación del reclutamiento.
- Coordinar planes y programas en territorios identificados como prioritarios.
- Proponer reformas legales y suscribir acuerdos interinstitucionales.
- Elaborar diagnósticos y estudios técnicos basados en evidencia.
- Impulsar campañas de sensibilización en las comunidades afectadas.
- Evaluar los resultados de sus intervenciones y ajustar estrategias.
Además, se establece que sus actividades deberán ser financiadas con los recursos ya asignados a las instituciones que lo integran, sin generar impacto fiscal adicional, lo que refuerza su aplicabilidad inmediata.
Leyes más duras y castigos severos para reclutadores
El decreto cita también disposiciones legales vigentes que castigan con penas de hasta 16 años de prisión a quienes recluten a menores, especialmente cuando se les obliga a participar en delitos graves como tráfico de drogas, sicariato, trata de personas o terrorismo.
Se subraya la protección integral del menor como principio rector, en línea con la Constitución y tratados internacionales: el interés superior del niño prevalece sobre cualquier otro interés.
Un enfoque de prevención y articulación territorial
La normativa también establece que los gobiernos autónomos descentralizados y organizaciones de la sociedad civil e internacionales podrán articularse con el Comité para maximizar el impacto de las intervenciones.
Durante los primeros seis meses, se realizarán sesiones mensuales ordinarias del Comité, y en un plazo de 15 días desde la publicación del decreto se convocará su primera sesión para aprobar su reglamento de funcionamiento.
Además, el Ministerio de Economía y Finanzas priorizará la asignación presupuestaria de los programas relacionados con esta política pública, según lo estipula el decreto.
Fuente: Expreso