Gremio de trabajadores denuncia despidos masivos "discrecionales" y estigmatización en el sector público
De acuerdo con Miguel García, dirigente gremial de los trabajadores, el compromiso adquirido por Ecuador en el acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) habla de una reducción del 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB) en la masa salarial del Estado. Con esto, del total que son USD 124 mil millones, se recortaría USD 1.400 millones, equivalentes a una desvinculación de 70 mil funcionarios públicos.
García enfatizó en que la reducción del Estado carece de sustentos técnicos, puesto a que no existe un informe o estudio previo individual realizado por cada funcionario que será desvinculado. Consideró que, este proceso, que se ejecuta de manera "discrecional", responde a la necesidad del Ejecutivo de cumplir con las exigencias del FMI, y así conseguir los USD 5.000 millones del acuerdo de financiamiento.
Denunció que, los servidores que han sido separados de las distintas instituciones públicas recibieron únicamente la notificación en la supresión de su cargo, más no el sustento para hacerlo. Con respecto a las evaluaciones semestrales a funcionarios públicos, lamentó que, tampoco exista una estructura para realizar este mecanismo, debido a que la Ley de Integridad Pública cita la ejecución de protocolos vigentes de un Acuerdo Ministerial emitido en el 2018.
Una "campaña de estigmatización"
La narrativa del Gobierno en torno a las desvinculaciones apunta a una supuesta ineficiencia de funcionarios o actos de corrupción vinculados a ellos. Pero, para García, la visión desde los trabajadores es distinta.
Rechazó que, el Gobierno levante una campaña para "estigmatizar" a los servidores que fueron separados de sus cargos, y cuestionó que todos ellos enfrenten acusaciones de corrupción. García enfatizó que, frente a esto, existen dos escenarios que debieron ser optados por el Ejecutivo.
El primero de que, en caso de hallarse indicios de corrupción, los informes sean remitidos a la Fiscalía General del Estado para el inicio de investigaciones exhaustivas, mientras que en el segundo se levanten informes necesarios para determinar la baja productividad de servidores que, dijo, hasta ahora no se han presentado.
Por ello, puntualizó, los gremios de trabajadores "no caerán en la trampa" de ir a movilizaciones que puedan ser utilizadas como excusa de las autoridades para apuntar nuevamente en contra de los servidores desvinculados.
Por otro lado, insistió en que uno de los focos de la burocracia excesiva en el Estado responde a nombramientos provisionales y servicios ocasionales. En este grupo, señaló, se encuentran servidores de la cuota política de turno cuyos contratos bordean los 120 mil en instituciones públicas.
"Lo que debe evitarse es que se tome al Estado como botín político", sentenció.
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