Ley de Servicio Público de Energía
Gremios empresariales y productivos del país manifestaron su preocupación y rechazo frente a la reciente decisión de la Corte Constitucional relacionada con la participación privada en el sector eléctrico, al considerar que limita alternativas para garantizar un suministro sostenible de energía en el Ecuador.
Representantes del sector señalan que la medida genera incertidumbre en un contexto en el que el país requiere soluciones estructurales para fortalecer el sistema eléctrico y evitar escenarios de riesgo como la falta de abastecimiento. Desde su perspectiva, restringir la colaboración entre el Estado y la empresa privada podría afectar la estabilidad económica y la planificación productiva.
La Cámara de Comercio de Quito advirtió que la resolución se da en un momento crítico y frena opciones orientadas a mejorar la eficiencia del servicio eléctrico. En la misma línea, su presidenta, Mónica Heller, sostuvo que la decisión no contribuye a las transformaciones que el país necesita para enfrentar sus desafíos energéticos.
A este pronunciamiento se sumaron otros gremios industriales y exportadores, que alertaron sobre posibles impactos en la competitividad, el empleo y la confianza de los inversionistas. Coincidieron en que un entorno con reglas claras y cooperación público-privada resulta clave para sostener el crecimiento económico y evitar retrocesos en sectores estratégicos.
Por su parte, el Gobierno Nacional reiteró su desacuerdo con el fallo y subrayó la necesidad de contar con instituciones que actúen con responsabilidad frente a las urgencias del país, especialmente en áreas sensibles como el suministro de energía eléctrica.