Consejo de la Judicatura
Sin embargo, para el abogado penalista Hugo Espín, persisten problemas estructurales que afectan el funcionamiento de la justicia ecuatoriana. En entrevista con NotiMundo A La Carta, advirtió sobre el bajo nivel de resolución de causas, las demoras procesales, la falta de infraestructura y el rezago tecnológico que todavía limita el acceso eficiente al sistema judicial.
A estas dificultades se suma el déficit de jueces, fiscales y personal auxiliar. Espín sostuvo que la falta de concursos de méritos de manera permanente debilita la carrera judicial y dificulta cubrir las vacantes de forma estable.
En ese contexto, cuestionó la designación de jueces temporales como mecanismo para evitar la paralización de los procesos. A su criterio, esta medida puede generar riesgos para la estabilidad e independencia judicial, principalmente en casos de alta trascendencia relacionados con crimen organizado y corrupción.
El jurista también marcó límites al control disciplinario que ejerce el Consejo de la Judicatura. Explicó que este debe concentrarse en posibles faltas administrativas, como dilaciones injustificadas, errores inexcusables o prevaricato, pero no puede convertirse en una herramienta para intervenir en el contenido de las decisiones judiciales.
Espín cuestionó además que, en determinados casos, el Consejo realice análisis sobre resoluciones judiciales que corresponden al ámbito jurisdiccional. Según el abogado, este tipo de actuaciones pueden afectar la independencia de los jueces y generar una interferencia política en la administración de justicia.
Otro de los principales riesgos identificados es la inseguridad que enfrentan los operadores de justicia. Espín afirmó que ejercer la judicatura en Ecuador se ha convertido en una actividad de alto riesgo y consideró insuficientes medidas como el uso de avatares digitales o la asignación de escoltas policiales.
Frente a esta situación, planteó la necesidad de una reforma más profunda para proteger a los jueces, especialmente en procesos vinculados con estructuras criminales. Como referencia, mencionó el modelo de jueces sin rostro aplicado en Italia contra la mafia, aunque sostuvo que cualquier mecanismo debe garantizar la seguridad de los funcionarios sin afectar el debido proceso ni los derechos de las partes.
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