Invisibilización del trabajo del hogar perpetúa la precariedad laboral
El trabajo doméstico remunerado se mantiene como uno de los sectores más vulnerables en América Latina, marcado por altos niveles de informalidad, limitada protección social y brechas salariales que evidencian condiciones de desigualdad persistentes.
En NotiMundo a la Carta, Salomé Parreño, asesora de Plan Internacional, explicó que en los últimos dos años se ha registrado una disminución en la afiliación a la seguridad social, debido a que muchas familias han optado por modalidades de pago por horas o mediante facturación, lo que agrava la inestabilidad en esta actividad.
Además, precisó que persiste una creencia errónea entre quienes desempeñan estas labores: pensar que la ausencia de un contrato formal implica la pérdida de derechos, cuando estos se mantienen sin importar la modalidad de trabajo.
También recordó que esta actividad ha sido históricamente invisibilizada, al considerarse una "tarea natural" de las mujeres y no una ocupación técnica que sostiene gran parte de la economía. A este escenario se suma un alto nivel de vulnerabilidad: el 74% de las trabajadoras del hogar ha enfrentado algún tipo de maltrato, una realidad vinculada a relaciones desiguales de poder entre empleadores y trabajadoras.
Parreño advirtió que la falta de reconocimiento formal y certificaciones influye en la percepción social que minimiza su valor, pese a que este trabajo permite que otras personas desarrollen sus actividades profesionales.
Asimismo, señaló que muchas mujeres migran desde zonas rurales hacia ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, lo que las expone al aislamiento y a condiciones extremas al no contar con redes de apoyo ni información suficiente sobre sus derechos.
En este contexto, se evidencian brechas de género en las tareas de cuidado: mientras las mujeres destinan alrededor de 31 horas semanales, los hombres apenas alcanzan 11, lo que refleja una distribución desigual del tiempo.
Finalmente, subrayó que el acceso a la información es clave para transformar esta realidad y que tanto autoridades como empleadores deben asumir un rol activo. Añadió que esta fecha debe servir para abrir el debate público y dejar de normalizar condiciones injustas y situaciones de violencia estructural.
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