La fecha tentativa para la Consulta Popular no es viable legalmente, alerta consultor electoral
En NotiMundo a la Carta, el consultor electoral y expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Medardo Oleas, advirtió que dicha fecha podría no ser legalmente viable. Explicó que cualquier reforma constitucional debe ser sometida a referéndum, y posteriormente organizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con un plazo mínimo de 45 días para preparar el proceso.
Oleas expresó su preocupación respecto a que la ciudadanía pueda interpretar la consulta como un intento del Ejecutivo por legitimar su gestión, lo que, en su opinión, restaría seriedad al proceso.
En relación con la propuesta de eliminar el financiamiento público a los partidos políticos, el experto reconoció que, si bien su aplicación actual es deficiente, eliminar estos recursos afectaría la equidad en los procesos electorales. Argumentó que los candidatos sin respaldo económico tendrían menos oportunidades de competir, lo cual atenta contra los principios de una democracia justa e inclusiva.
Asimismo, subrayó la importancia de que las preguntas incluidas en la consulta sean claras, directas y pertinentes, especialmente en temas sensibles como la presencia militar extranjera y el financiamiento político. La ambigüedad, advirtió, podría generar confusión entre los votantes y disminuir el interés ciudadano.
Oleas consideró que no habría mayores dificultades logísticas para llevar a cabo el proceso, dado que podría utilizarse el padrón de la última elección. Sin embargo, insistió en la necesidad de implementar una campaña de información amplia y efectiva, que permita a todos los sectores conocer y debatir las propuestas, garantizando así una participación informada y representativa.
Finalmente, alertó sobre el uso inadecuado de los fondos públicos por parte de los partidos políticos, destacando la falta de mecanismos de control en el sistema actual. Esto, dijo, fomenta la desconfianza ciudadana y evidencia la urgencia de establecer regulaciones más estrictas que aseguren transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos estatales.
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