Cooperación Internacional

La presencia de fuerzas extranjeras puede ser una oportunidad, no una amenaza, sostiene exgeneral de la FAE

El próximo domingo 16 de noviembre de 2025, más de 13 millones de ecuatorianos decidirán en las urnas si el país autoriza la presencia o colaboración de Fuerzas Armadas extranjeras en bases nacionales.

11 Noviembre de 2025
La propuesta de reforma sobre las bases militares irá a segundo debate.
La propuesta de reforma sobre las bases militares irá a segundo debate. Foto: El Universo

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Titular: La presencia de fuerzas extranjeras no implica pérdida de soberanía, sino cooperación estratégica, asegura exgeneral de la FAE

El próximo domingo 16 de noviembre de 2025, más de 13 millones de ecuatorianos decidirán en las urnas si el país autoriza la presencia o colaboración de Fuerzas Armadas extranjeras en bases nacionales.

En NotiMundo a la Carta, Rodrigo Jarrín, exgeneral de la FAE y exjefe de la Misión Militar en Washington, sostuvo que el debate sobre la soberanía está sobredimensionado, pues Ecuador ya tuvo una experiencia previa con la base aérea de Manta, sin que ello implicara pérdida de control nacional.

El exoficial recordó que durante ese periodo se fortaleció el monitoreo aéreo y se implementó un sistema de radares efectivos para combatir el narcotráfico y el narcoterrorismo. Además, se realizaron mejoras en infraestructura que beneficiaron directamente a la Fuerza Aérea Ecuatoriana

Jarrín explicó que, aunque las operaciones pueden estar a cargo de otro país, el control soberano sobre las instalaciones sigue siendo ecuatoriano, un esquema que según dijo ha funcionado bajo distintos gobiernos, desde Lenín Moreno hasta Rafael Correa.

Agregó que Colombia y Perú mantienen acuerdos similares con Estados Unidos, lo que, en su criterio, les ha permitido acceder a programas de cooperación y tecnología que Ecuador podría estar desaprovechando por "temores soberanistas".

El exgeneral también destacó que la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional requiere una seguridad coordinada a nivel intercontinental, ya que las redes delictivas operan entre América, Europa y África. 

Finalmente, Jarrín enfatizó que cualquier acuerdo de esta naturaleza debe ser una política de Estado debidamente analizada por el Gobierno, el Ministerio de Defensa, la Cancillería, el Consejo de Seguridad Pública y las instancias judiciales, garantizando en todo momento la soberanía y jurisdicción nacional.

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