Fortalecer el área administrativa del Ejecutivo es, según el presidente Daniel Noboa, el objetivo de la reestructuración del Estado y la desvinculación de 5.000 servidores públicos. El Primer Mandatario aclaró que la fusión de Ministerios y Secretarías de Estado no implicará una supresión de actividades, sino que se realizará una reorganización interna en cada institución.
Esta acción, según el consultor económico y exdirector del SRI, Francisco Briones, es el "primer paso" de lo que se espera, un plan estratégico para reacomodar el Estado. Si bien, ponderó la importancia de depurar al Ejecutivo de "malos funcionarios", insistió en que este no debe ser el fin.
"Uno puede disentir sobre la forma, si fue demasiado agresivo o rápido, pero es un buen primer paso que luego desatará otros más", indicó.
A esto, dijo, debe sumarse la reconsideración de las competencias, responsabilidades y atribuciones de los Ministerios. Sobre esta base, destacó la importancia de revisar los procesos y la "tramitomanía" que no tendrían necesidad de existir, debido a su longitud y excesivos requisitos.
Entre estos, detalló, constan aquellos trámites duplicados para la gestión de permisos o documentos, especialmente los de carácter administrativo enfocados en las inversiones. Otro ejemplo de esto, según Briones, podría ser la eliminación de papeles físicos para la realización de diversos trámites.
Sobre este tema, consideró que los permisos y gestiones estatales deberían digitalizarse. Desde su experiencia dentro del Servicio de Rentas Internas, consideró necesario cambiar la metodología de control previo, e implementar controles rigurosos posteriores para, en caso de irregularidades, imponer sanciones ejemplares que impidan su reincidencia.
"Con el uso de tecnología se puede reducir también los tiempos de espera", precisó.
Con respecto a la fusión de Ministerios, Briones puntualizó que esta debería implicar también una reducción de personal y que no sea una mera absorción de instituciones. Esto, debido a que, advirtió, esto derivaría en mayores dificultades para controlar las facultades y competencias de las entidades.
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