Paro nacional
La violencia en el paro nacional ha ido en aumento, particularmente en la provincia de Imbabura, donde el Gobierno desplegó un "convoy humanitario" que, al mismo tiempo, recorre los distintos puntos donde se registran cierres viales para habilitar las carreteras, incluso, con el uso de la fuerza.
Según Mario Pazmiño, experto en seguridad, varios actores sociales intervienen en un "proceso de desestabilización nacional". Entre ellos, mencionó a organizaciones sociales que, dijo, generaron un "clima de violencia sin precedentes". A esto se suman actos de "terrorismo urbano" y el propio crimen organizado.
En medio de las protestas, manifestantes insistieron en que la resistencia es un derecho amparado en la Constitución pero que, según Pazmiño, puede acogerse siempre y cuando no se vulneren derechos fundamentales de otras personas. Esto, haciendo referencia al acceso de servicios básicos, trabajo, entre otros.
Una vez que se infringe este campo, señaló, la Fuerza Pública estaría facultada a controlar las manifestaciones con el uso progresivo de la fuerza, sin caer en agresiones arbitrarias que ocurran en medio de las protestas.
Pazmiño cuestionó, además, la versión de manifestantes quienes negaron la existencia de violencia a lo largo de los 23 días. Consideró que interrumpir el servicio de agua potable, impedir el paso de alimentos, bloquear vías y presionar a las comunidades para sumarse al paro serían vulneraciones que apuntan a un comportamiento violento.
"El Presidente no puede sentarse a negociar con un grupo de personas que usa la violencia como excusa o justificativo para reclamar", enfatizó.
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