La seguridad escolar no depende solo del Estado, sino de toda la comunidad, afirma exviceministro de Educación
En entrevista con NotiMundo A La Carta, Andrés Chiriboga, exviceministro de Educación, explicó que la participación de docentes, padres de familia y de la sociedad en general es clave para prevenir la violencia.
Chiriboga aclaró que, si bien se han registrado hechos violentos en algunas escuelas, el país no atraviesa una crisis generalizada de inseguridad en el sistema educativo, ya que la mayoría de las más de 16.000 instituciones no enfrentan situaciones extremas.
Respecto al plan "Nos Cuidamos", señaló que, si bien puede ser una herramienta útil para fortalecer el control, es necesario definir con claridad los protocolos que regulan el ingreso de la fuerza pública a los planteles, así como los criterios para determinar en qué escuelas y bajo qué circunstancias es pertinente hacerlo, considerando que no existe personal suficiente para realizar revisiones en todos los establecimientos.
En cuanto a las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, indicó que uno de los cambios importantes podría darse en el artículo 11, relacionado con el derecho a la integridad física. Dicha modificación permitiría incorporar legalmente prácticas como el chequeo de mochilas, siempre dentro de un marco de respeto a los derechos de los estudiantes.
Otro componente del plan, según explicó, son los horarios diferenciados en los centros educativos, una medida que busca reducir el tiempo sin supervisión. Aunque reconoció que esta iniciativa podría ayudar a prevenir el reclutamiento por bandas criminales, insistió en que debe ajustarse a las realidades y dinámicas de cada comunidad.
Chiriboga recalcó que la violencia escolar no es solo un problema del Ministerio de Educación, sino un tema de Estado, que requiere la colaboración activa de distintas entidades para abordar no solo las consecuencias, sino también las causas profundas.
Respecto al uso del término "emergencia" en el ámbito educativo, explicó que debe manejarse con responsabilidad. Aunque algunas comunidades podrían requerir una declaración formal, señaló que esta debe estar respaldada por un marco normativo que garantice la protección de estudiantes y docentes, evitando posibles excesos o abusos.
Finalmente, hizo un llamado a los docentes para que asuman un rol proactivo en la seguridad escolar, involucrando a padres de familia y autoridades en la construcción de espacios seguros.
La organización comunitaria y la participación activa son claves para que cualquier plan funcione, concluyó Chiriboga.
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