Larry Yumibanda: Cobro de IVA a alimentos procesados carece de sustento legal y responde a fines recaudatorios
El Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió una circular en la que ratifica las disposiciones vigentes sobre la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la comercialización e importación de alimentos.
La institución aclaró que únicamente los bienes contemplados en la normativa mantienen tarifa 0%, mientras que otros productos procesados, como pulpas, jugos elaborados e infusiones, deberán gravarse con el porcentaje correspondiente.
En NotiMundo Estelar, el experto económico Larry Yumibanda cuestionó el alcance de esta disposición, señalando que la intención de aplicar un 15% de IVA a más de 60 alimentos incluidos ciertos tipos de leche y pan contraviene lo establecido en el Código Tributario y su reglamento.
Según explicó, el SRI no tiene facultad para reinterpretar la ley de esta forma, ya que cualquier cambio debe realizarse mediante decreto ejecutivo o a través de una reforma legal impulsada por el Presidente de la República.
El analista sostuvo que la decisión responde principalmente a necesidades de financiamiento estatal y compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), estimando una recaudación anual de entre 50 y 80 millones de dólares.
Además, advirtió que la medida podría provocar un incremento en la inflación, con un impacto adicional de entre 0,2% y 0,4% en las proyecciones para 2026.
A esto se suman, dijo, inconsistencias dentro del esquema tributario, como el trato desigual entre productores: un mismo bien podría no pagar IVA si es elaborado por artesanos, pero sí si proviene de una industria formal, lo que generaría inseguridad jurídica y desincentivaría la inversión.
Yumibanda también anticipó un panorama económico complejo para 2026, con un crecimiento estimado de apenas 1,5%, condicionado por factores como la crisis energética, eventos climáticos y tensiones comerciales internacionales.
Finalmente, expresó que existe la posibilidad de que el Gobierno revierta la decisión ante la presión de los sectores productivos y la eventual presentación de acciones legales, debido a la falta de sustento técnico en la circular.
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