Ley de Áreas Protegidas entra en vigencia tras su publicación en el Registro Oficial
Desde esta semana, Ecuador cuenta oficialmente con una nueva entidad pública encargada de la gestión y control de sus áreas naturales protegidas. Esto tras la publicación en el Registro Oficial de la tercera ley de carácter urgente aprobada por la Asamblea Nacional durante este periodo legislativo.
La normativa dispone la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, un organismo técnico, especializado y con autonomía administrativa, operativa y financiera, que tendrá personalidad jurídica propia. Estará bajo la rectoría de la Autoridad Ambiental Nacional, y contará con facultades para regular, controlar y sancionar dentro de las zonas protegidas.
Para su funcionamiento, el nuevo servicio será financiado mediante un fideicomiso público, que podrá recibir fondos provenientes de donaciones nacionales e internacionales, préstamos, rendimientos de proyectos y otros ingresos legalmente permitidos, como tasas y tarifas relacionadas con la gestión ambiental.
Uno de los puntos clave de esta nueva ley es la habilitación de mecanismos de intervención temporal por parte de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas, en aquellas áreas protegidas donde se detecte presencia de grupos criminales organizados. Esta medida tendrá como objetivo recuperar el control del territorio y restablecer condiciones de seguridad. No obstante, se deberá garantizar el respeto a lo establecido en el artículo 57, numeral 20 de la Constitución, que protege a comunas, pueblos y nacionalidades indígenas frente a intervenciones militares en sus territorios.
La normativa también incluye disposiciones complementarias, como el establecimiento de un bloqueo legal a cualquier intento de privatización de áreas protegidas, exoneraciones tributarias para vehículos eléctricos, y reformas a la Ley de Integridad Pública, que mantiene la edad de jubilación en el sector público a partir de los 60 años.
