Seguridad
La restricción se implementará en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. También incluye a los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.
Según el Ejecutivo, la decisión se fundamenta en los resultados alcanzados por las fuerzas del orden durante el último estado de excepción, con el propósito de mantener el control en territorios considerados prioritarios.
Sin embargo, en el programa NotiMundo Estelar, el exjefe de Inteligencia del Ejército, Mario Pazmiño, cuestionó la efectividad de este tipo de medidas. A su criterio, repetir estados de excepción y restricciones de movilidad de forma periódica no evidencia un logro sostenido, sino una contención momentánea de la violencia.
El exjefe de Inteligencia del Ejército, advirtió que estas decisiones reflejan una gestión enfocada en mitigar los efectos de la inseguridad, sin abordar sus causas estructurales. Además, señaló que anunciar este tipo de disposiciones con anticipación podría favorecer a las organizaciones criminales, permitiéndoles reorganizarse, movilizar recursos y evadir controles antes de su aplicación.
Pazmiño también explicó la inclusión de Pichincha dentro del decreto, indicando que Quito estaría integrado en una ruta estratégica del narcotráfico que conecta puntos clave entre Colombia y la región andina. En ese contexto, alertó sobre un desplazamiento de actividades ilícitas hacia la Sierra, afectando a ciudades como Cuenca, Ibarra, Ambato y Latacunga, mientras que provincias costeras continúan siendo puntos críticos por su conexión con puertos internacionales.
En su análisis, diferenció entre resultados temporales y cambios de fondo, señalando que las acciones actuales han logrado reducciones puntuales de violencia, pero no transformaciones estructurales. Incluso, mencionó que muchas detenciones registradas en operativos previos estuvieron relacionadas con incumplimientos del toque de queda y no necesariamente con delitos de alto impacto.
Como alternativas, planteó la necesidad de recuperar territorios dominados por economías ilegales, intervenir en zonas consideradas estratégicas para el crimen y reforzar la presencia estatal en áreas fronterizas mediante unidades especializadas.
Finalmente, advirtió que las tensiones con Colombia podrían agravar el escenario, ya que las redes delictivas aprovechan la permeabilidad de la frontera para mantener el flujo de actividades ilícitas, pese a los riesgos y controles.
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