Muerte de Mónika Silva es una muestra del "fracaso" del Estado al desproteger a una activista amenazada, cuestiona Gabriela Panchana
La Fiscalía inició de oficio una investigación previa por la muerte de Mónika Silva, quien fue hallada sin vida en su casa ubicada en Montañita, Santa Elena. En coordinación con la Policía, se ejecutaron las primeras diligencias para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho. Según el ministro del Interior, John Reimberg, investigaciones iniciales habrían descartado un supuesto asesinato y apuntan a un presunto suicidio.
La activista Mónika Silva era conocida por sus denuncias de casos de corrupción, entre las que constan presuntos casos de tráfico de tierras en la provincia.
"Los que me conocen, saben que desde hace años defiendo los derechos, sobre todo, de grupos vulnerables y lucho contra la corrupción en Santa Elena, la más maltratada provincia presidencial del país", señaló Silva en una de sus últimas entrevistas concedida el pasado 5 de mayo.
Desde marzo de este año, la activista alertó haber recibido amenazas de sicariato en su contra.
Gabriela Panchana, comunicadora política, conoció a Mónika Silva en Olón entre el 2 y el 3 de mayo del feriado pasado. Ella le había comentado la preocupación que sentía en torno a las amenazas en su contra, mientras comían en un restaurante de la zona en compañía de sus hijas. Ahora, un poco más de un mes después, la recuerda con dolor tras confirmarse su muerte.
"En ese poquito tiempo, nos hicimos amigas (...) es realmente doloroso, saber que pudimos haberla ayudado más y no lo hicimos", dijo.
Para Panchana, la teoría de un supuesto suicidio debería "rechazarse en absoluto". Esto, debido a que sería muy pronto para soltar una hipótesis de este tipo, y porque sería la salida más rápida para desconocer las múltiples amenazas que pesaban sobre Silva.
"Una persona que se va a suicidar no tiene la energía que tenía Mónika Silva (...) lo más lógico es suponer que alguno de esos intentos de silenciarla, finalmente, tuvo efecto", enfatizó.
Frente a las numerosas alertas sobre Silva, su alternativa fue buscar ayuda. Panchana relató que la activista acudió a la Asamblea Nacional, Embajadas, la delegación de la Unión Europea y aceptó cooperación internacional para salir del país. Sin embargo, este intento no se consumó, debido a que el padre de sus hijas no autorizó el viaje para precautelar su seguridad.
Una de las denuncias que Panchana más recuerda fue la información que Silva entregó a la Embajada de Estados Unidos. Según señaló, los datos fueron remitidos a la DEA, encargada del control de drogas, institución que le habría agradecido por la cooperación. No obstante, tiempo después, cuando Silva intentó certificar la recepción de la información, habría sido retirada por parte del personal de seguridad de la sede diplomática.
Mientras todo esto sucedía, Mónika Silva vivía también problemas económicos. Según Panchana, el único ingreso fijo que tenía la activista eran USD 500 correspondientes a un inmueble que arrendaba en Santa Elena.
Sin embargo, luego de acusaciones por cuentas troll desde el Gobierno, su inquilino decidió terminar la relación contractual. Para entonces, dijo, Silva ya estaba "asfixiada" económicamente.
De acuerdo con Panchana, el caso de Silva es una muestra del "fracaso de las políticas de seguridad", así como del Estado de derecho, pero que no debe desconocer su lucha contra la corrupción.
"Nuestro compromiso como activistas, comunicadores y ciudadanos, es que las denuncias que ella hizo no queden en el olvido", sentenció.
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