Tasa Minera
En entrevista con NotiMundo Estelar, Carlos de Miguel, gerente de Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining indicó que la nueva tasa minera reduce la competitividad de Ecuador.
El gerente de Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining advirtió que esta medida podría representar un gasto adicional significativo, equivalente entre el 60 % y el 150 % del presupuesto anual destinado a exploración. Según explicó, esto afecta directamente la capacidad de inversión y los retornos esperados por los accionistas, lo que podría desincentivar futuras inversiones en el país.
De Miguel detalló que el proceso de exploración de un yacimiento puede durar entre 12 y 15 años, con costos que oscilan entre 80 y 150 millones de dólares. En ese contexto, señaló que las compañías del sector ya enfrentan altos riesgos financieros, por lo que la imposición de nuevos tributos durante esta fase resulta injustificada y perjudicial para su sostenibilidad.
Además, comparó la situación ecuatoriana con la de países como Chile y Perú, donde los costos de exploración son considerablemente menores, lo que posiciona a Ecuador en desventaja competitiva. A esto agregó la ausencia de un marco fiscal atractivo, lo que podría motivar a los inversionistas a trasladar sus recursos a mercados más favorables.
Como alternativa para combatir la minería ilegal, el gerente propuso establecer alianzas estratégicas entre el sector privado y el Estado. A su criterio, esto permitiría formalizar operaciones extractivas, generar ingresos fiscales mediante regalías y facilitar la remediación ambiental en zonas afectadas por actividades irregulares.
En cuanto a la intervención en los sectores Mina Vieja, Mina Nueva y El Olivo, en la parroquia de Buenos Aires, provincia de Imbabura, zonas identificadas como críticas por actividades de minería ilegal, De Miguel manifestó que fue un acierto por parte del Gobierno. Añadió que el presidente está liderando bien al país, como debe ser, especialmente en temas de interés nacional.
Finalmente, De Miguel subrayó la necesidad de mantener canales abiertos de diálogo con el Gobierno para abordar las inquietudes del sector.
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