Combate al crimen organizado
En NotiMundo al Día, Alan Sierra, exdirector general de la UAFE, consideró que esta es una medida acertada para contrarrestar el alcance que ha ganado la delincuencia organizada en el país, en distintos ámbitos del Estado, entre ellos, el poder Judicial.
Sierra recordó que actualmente existen varios controles, de parte de la Contraloría General del Estado, por ejemplo, con el reporte que hacen los funcionarios, a través de las declaraciones patrimoniales juramentadas.
Asimismo, añadió que los administradores de justicia están sujetos al control del Servicio de Renetas Internas (SRI), entidad que cuenta con la mejor base de datos patrimoniales del país, indicó.
Por otro lado, recordó que en el sistema financiero existen diversos controles que son focalizados, en cuanto a los movimientos y transacciones, que son reportados a la UAFE, en caso de detectarse alguna anomalía.
A esto se suma la próxima entrada en vigor de la Ley de Prevención de Lavado de Activos, donde se señalan los procesos de debida diligencia reforzada de sujetos obligados (bancos, cooperativas, promotoras inmobiliarias), que son los sectores más sensibles al momento de lavar dinero, producto de actividades ilícitas.
"En este proceso de debida diligencia reforzada se señala directamente a los jueces y fiscales", precisó.
Para poder determinar que un juez o un fiscal recibió dinero producto de algún delito, existen dos momentos, indicó Sierra: la detección de un incremento patrimonial no justificado y posteriormente la investigación que se realiza con la Fiscalía, para determinar el origen de los fondos.
Finalmente, Sierra destacó que el proceso de analizar la licitud de los fondos y los patrimonios de los jueces y fiscales se ha venido desarrollando por más de un año, por lo que considera que el proceso y los resultados serán técnicos, con un aliado estratégico como lo es el SRI.
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