Control ciudadano
Entre los nombres más conocidos constan el actual fiscal general subrogante, Carlos Leonardo Alarcón Argudo; el exministro de Gobierno, José de la Gasca; la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho; y el exmagistrado Walter Samno Macías, entre otros.
En NotiMundo a la Carta, Paúl Ocaña, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, detalló que aproximadamente el 15% de los inscritos proviene de la Función Judicial —como fiscales, jueces o defensores públicos—, mientras que el 85% ejerce la profesión de manera independiente.
Ocaña señaló que la Comisión Ciudadana de Selección ha sido objeto de cuestionamientos, ya que —según indicó— varios de sus integrantes no cumplirían con la experiencia mínima de diez años ni contarían con especialización en materia penal, requisitos clave para evaluar un cargo de esta relevancia. A su criterio, el proceso enfrenta un escenario de desconfianza social; sin embargo, aclaró que suspenderlo no sería la solución, pues el país necesita una autoridad titular en la Fiscalía.
En cuanto a mecanismos para fortalecer la transparencia, explicó que propuso al CPCCS incorporar a la academia en la fase de evaluación. La iniciativa plantea que universidades presenten perfiles de catedráticos para que elaboren los cuestionarios y califiquen la prueba oral, con el fin de reducir la discrecionalidad en la asignación de puntajes.
Además, informó que su gremio impulsa una veeduría cívica paralela. A través de un "símil de concurso", revisarán las carpetas de los postulantes de forma independiente para contrastar los resultados oficiales y denunciar eventuales inconsistencias en la valoración de méritos.
El dirigente también advirtió sobre la participación de perfiles con cercanía al Ejecutivo, como el exministro José de la Gasca. Si bien reconoció que podría cumplir con los requisitos formales, expresó que su eventual designación generaría dudas respecto a la independencia institucional necesaria para investigar posibles casos vinculados al Gobierno.
Respecto a la propuesta del presidente Daniel Noboa de retirar al CPCCS la facultad de designación y devolverla a la Asamblea Nacional, Ocaña sostuvo que ese cambio no garantiza por sí mismo la autonomía institucional, recordando que en el pasado ese modelo tampoco ofreció resultados satisfactorios.
Finalmente, consideró que los aspirantes que actualmente ocupan cargos públicos —como jueces o el fiscal encargado— deberían solicitar licencia temporal mientras dure el proceso, con el objetivo de evitar conflictos de interés y reforzar la credibilidad del concurso.
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