Paúl Ocaña: la falta de protección a jueces debilita la justicia y favorece la impunidad
El gesto fue atribuido a Jezdimir Srdan, sentenciado por lavado de activos dentro del caso Euro 2024, quien participó en la diligencia de forma telemática desde la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena.
Sin embargo, este hecho no habría sido un episodio aislado. De acuerdo con la información revelada posteriormente, las presiones contra el magistrado se habrían iniciado en septiembre, cuando un presunto alto funcionario del Consejo de la Judicatura habría intentado influir en su decisión judicial, según versiones expuestas por el jurista que hizo público el caso.
Pese a que Serrano habría alertado sobre estas amenazas y entregado elementos de respaldo a las autoridades, en diciembre se dispuso el retiro del resguardo policial que se le había asignado. Ante el incremento del riesgo, el juez presentó su renuncia el 4 de diciembre, la cual aún no ha sido aceptada debido a que mantiene a su cargo procesos de alta conmoción social.
Tras la exposición pública del caso, el Consejo de la Judicatura informó que remitió la noticia criminis a la Fiscalía General del Estado, que abrió una investigación previa por el presunto delito de tráfico de influencias. Además, se solicitó al Ministerio del Interior una nueva evaluación de riesgo para el magistrado y su entorno familiar.
En medio de la controversia, la abogada Dolores Vintimilla se pronunció mediante un comunicado, en el que precisó que desde noviembre de 2024 dejó la defensa de causas judiciales, tras contraer matrimonio con Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. La aclaración surge ante versiones que la vinculaban indirectamente con el caso.
Por su parte, Mario Godoy sostuvo que la asignación o retiro de seguridad personal no es competencia del Consejo de la Judicatura, sino de otras entidades del Estado. Explicó que el último informe técnico determinó un nivel medio de riesgo, que no justificaba escolta permanente; no obstante, aseguró que se gestionó una nueva solicitud y que se autorizó al juez a cumplir sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo hasta marzo de 2026.
En este contexto, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, convocó al titular del Consejo de la Judicatura a comparecer ante el Pleno, en medio de denuncias sobre presiones, amenazas y posibles interferencias dentro de la Función Judicial.
En Notimundo Estelar, Paúl Ocaña, presidente de la Federación de Abogados del Ecuador, advirtió que este tipo de amenazas constituye un grave atentado contra la independencia judicial y podría configurar delitos penales.
Subrayó la urgencia de que el Estado garantice protección efectiva a jueces y fiscales, señalando que el temor a represalias, incluso contra sus familias, termina condicionando decisiones jurisdiccionales.
Ocaña planteó además la implementación de mecanismos como la justicia telemática, que permitirían a magistrados desempeñar sus funciones desde entornos seguros, incluso fuera del país.
Asimismo, remarcó la necesidad de que la Fiscalía investigue a fondo los vínculos denunciados para recuperar la credibilidad del sistema judicial y exhortó al Consejo de la Judicatura a escuchar a los gremios y a la academia para fortalecer los procesos de selección y evitar nuevos fracasos institucionales.
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