Progen impone "cláusulas de chantaje", no de arbitraje, denuncia Germán Rodas
CELEC declaró la terminación unilateral y anticipada del contrato con Progen, exclusivamente relacionado a la instalación de motores de generación eléctrica en Salitral. Se trata de una licitación que tenía como única finalidad la incorporación de 100 megavatios de generación por un valor de USD 99.4 millones.
La entidad declaró también a la firma estadounidense como contratista incumplida, así como al representante legal de Progen, Andrew Scott Williamson. En un documento, la Corporación señala que la resolución permanecerá suspendida hasta que exista un pronunciamiento sobre la medida cautelar interpuesta por Progen en el proceso de arbitraje emergente.
De acuerdo con Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, CELEC y Progen llegaron a un punto que parece no tener salida. Lamentó que, pese al contexto de emergencia en que se efectuaron los contratos de Salitral y Quevedo, el Ejecutivo no haya verificado la capacidad tecnológica y de garantías para ofrecer motores de generación.
Sobre dichos equipos, dijo, estos dejaron de producirse en los años 80, por lo que eran exclusivamente repotenciados para su uso en la actualidad. Esto, mientras en el contrato se alegó que los motores eran nuevos y, ahora, se reveló que contendrían incluso alteraciones en los números de serie.
Rodas recordó que, el pasado 2 de junio, la Comisión realizó una consulta a la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, en la que pidió información sobre las garantías ofrecidas por los fabricantes -esto al considerar que Progen no es el fabricante de los equipos-, las multas exigidas al contratista por el incumplimiento, entre otros.
"Todo esto le cuesta al país, no a CELEC o a la Ministra, nos cuesta a todos", dijo.
El panorama actual enfrenta a CELEC y Progen en un arbitraje internacional que solicitó la empresa estadounidense. Dentro de las causales, se establece que, si no se permite a la firma cuestionada concluir con el proyecto, quedará detenido sin que sirva para el propósito inicial, que fue enfrentar el estiaje.
Estas son "cláusulas de chantaje, no de arbitraje", dijo Rodas, al insistir en que más allá de un articulado que busque defender los intereses de Progen, pretende exigir cuestiones que el Gobierno no debería aceptar.
"Hay que recordar quienes son los causantes de este tipo de contratos", enfatizó.
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