La reforma tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad y un manejo más eficiente del gasto público, especialmente en los niveles provinciales y municipales.
En NotiMundo A La Carta, Jacques Ramírez, subsecretario de Inclusión Social de Quito, advirtió sobre el impacto que tendría esta normativa en la capital.
Según explicó, el Municipio estima un ajuste de entre 459 y 460 millones de dólares para cumplir con la ley, lo que representa una significativa reducción de recursos para la ciudad.
Ramírez señaló que este recorte obligaría a suspender programas en áreas clave como educación, salud, inclusión social y cultura. Además, alertó que el subsidio al Metro de Quito podría verse afectado, lo que eventualmente implicaría un incremento en la tarifa del pasaje.
La normativa, que ya fue publicada en el Registro Oficial, entraría en plena vigencia el 1 de julio, obligando a los municipios a reformar sus presupuestos de manera inmediata. Frente a este escenario, el funcionario calificó la medida como un "desmantelamiento del Estado social de derechos" y sostuvo que los GAD constituyen el último espacio de protección social para la ciudadanía.
Asimismo, enfatizó que los sectores vulnerables serían los principales afectados, entre ellos niños que asisten a los Guagua Centros, adultos mayores de los centros 60 y Piquito, así como usuarios de comedores populares. Añadió que cerca de 27.000 estudiantes de unidades educativas metropolitanas y beneficiarios de becas dependen directamente de estos fondos.
De igual manera, advirtió que alrededor de 7.000 trabajadores municipales podrían dejar de ser contratados debido a la reducción presupuestaria. En este contexto, recordó que la Constitución prohíbe la aplicación de medidas regresivas en derechos, conforme al artículo 11, numeral 8.
Ramírez también cuestionó el proceso de aprobación, al asegurar que no existió suficiente socialización y que el tratamiento se realizó de forma virtual durante el feriado de Carnaval, sin un debate técnico adecuado con los principales municipios.
Finalmente, criticó la visión del Gobierno central sobre el desarrollo, al considerar que se enfoca únicamente en la obra física y deja de lado el bienestar social. Advirtió que la ausencia de los servicios municipales podría generar una ciudad caótica, con desorden y un aumento de personas en situación de vulnerabilidad.
En ese sentido, indicó que el Municipio de Quito, junto a otras prefecturas y gobiernos locales como Cuenca y Pichincha, ya impulsa acciones legales y medidas de protección para frenar la aplicación de esta reforma.
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