Crimen organizado
El estado de excepción que regía en 10 provincias y tres cantones se extenderá por 30 días más. Así lo estableció el presidente Daniel Noboa. A través del Decreto 472, el Mandatario amplió la vigencia de la medida que se aplica en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, así como en los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y La Troncal (Cañar).
Según el Gobierno, persiste un ambiente de violencia organizada, sistemática y adaptativa de grupos armados en los mencionados territorios. El Decreto señala que, entre el 1 de julio y el 5 de agosto, se han levantado más de 5.100 indicios balísticos, de los cuales, el 72.18% tiene relación con una o varias muertes. Además, mantiene las mismas restricciones que el primer estado de excepción:
- Suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio
- Suspensión del derecho a la inviolabilidad de la correspondencia
- Empleo e intervención de las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía
- Requisición temporal de bienes y servicios de origen ilícito
Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad Pública y del Estado, consideró que, si bien existen efectos positivos con las declaratorias de estado de excepción, la criminalidad no se eliminará "con una varita mágica". Mientras se reconfigure el sistema de seguridad pública delineado en el Plan del Gobierno, dijo, se darán ajustes por hasta 15 años.
El siguiente paso, señaló, es que las acciones de seguridad no se limiten a declaratorias de excepción. De acuerdo con Bravo, se debe apuntar a un conjunto de ideas y estrategias que se enfoquen en la prevención de delitos y el blindaje de zonas importantes.
Para lograr esto, detalló Bravo, es necesario involucrar a todos los actores del Plan Integral de Seguridad presentado por el Ejecutivo. Esto, en referencia al Gobierno central, administraciones locales, la sociedad civil, la academia y el sector privado.
"Es importante el primer objetivo que tiene el Plan de Seguridad Integral: control territorial, y eso se lo hace con pie de fuerza y capacidades superiores", dijo.
En el contexto del conflicto armado interno, Bravo reconoció que la Policía ha sido sobrepasada en sus capacidades, por lo que resulta imprescindible la presencia de las Fuerzas Armadas. Pero esto, insistió, no debe desembocar en un descuido de las fronteras o los puertos, donde -a su criterio- debe existir un control total para evitar el paso de la droga.
Por otro lado, Bravo alertó que las acciones de seguridad en la región podrían afectar las amenazas en Ecuador. Esto, debido a los anuncios del presidente Abelardo De La Espriella en Colombia de bombardear plantaciones de coca, y el de Keiko Fujimori en Perú, de combatir frontalmente la criminalidad. Las disposiciones que se emitan en los países vecinos, dijo, podrían evidenciarse en repercusiones en territorio ecuatoriano con el ingreso de grupos irregulares.
Finalmente, Bravo consideró importante el fortalecimiento de las instituciones relacionadas a la seguridad. Para esto, insistió, debe eliminarse la corrupción en las altas esferas de los tomadores de decisiones.
"Si no eliminamos la corrupción, el SNAI nunca va a ser fuerte (...) tiene que ser fuerte el ARCOM para controlar la minería ilegal", sentenció.
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