La orden de prisión preventiva dictada contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, generó una inmediata reacción del movimiento Revolución Ciudadana (RC), que expresó su desacuerdo con la medida adoptada por un juez en Quito dentro del denominado caso Goleada. Desde los exteriores del Complejo Judicial Norte, el alcalde capitalino Pabel Muñoz manifestó su respaldo político y señaló que, más allá de afinidades partidistas, lo que está en juego —dijo— es la defensa del Estado de derecho, la democracia y el debido proceso.
Con megáfono en mano y ante simpatizantes concentrados en el lugar, Muñoz sostuvo que la institucionalidad del país no puede debilitarse por decisiones que, a su criterio, afectan la confianza en la justicia. En la misma línea, la Revolución Ciudadana difundió un comunicado en el que calificó la disposición judicial como parte de una supuesta persecución política contra sectores de oposición.
La organización política aseguró que el caso de Álvarez no es un hecho aislado, sino que respondería —según su postura— a una estrategia para intimidar a autoridades electas y desviar la atención de los problemas estructurales del país. Además, expresó su solidaridad con el alcalde guayaquileño, su familia y sus simpatizantes.
El pronunciamiento eleva el tono del debate político en torno al proceso judicial y anticipa un escenario de mayor confrontación entre el movimiento correísta y el Gobierno, en medio de cuestionamientos sobre la independencia de la justicia y la situación institucional del país.
