El presidente Daniel Noboa amplió el estado de excepción a los cantones La Maná, en la provincia de Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía, en Bolívar, ante el aumento de hechos violentos vinculados a estructuras criminales.
En NotiMundo A La Carta, Katherine Herrera, politóloga y especialista en seguridad, señaló que el estado de excepción requiere acompañamiento de políticas públicas sostenidas para generar resultados efectivos.
La analista indicó que esta medida, concebida como herramienta táctica, puede ser útil para enfrentar el crimen organizado, pero advirtió que su impacto es limitado si no se implementa un proceso sólido de judicialización de los delitos.
Herrera explicó que las localidades de La Maná, Las Naves y Echeandía se han consolidado como puntos estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal; además, alertó que estos territorios funcionan como refugio para grupos delictivos y han desarrollado economías paralelas como secuestros y extorsiones, que demandan intervención inmediata.
Para garantizar eficacia, la experta destacó la necesidad de operaciones quirúrgicas orientadas a desmantelar las redes criminales, identificando y capturando a sus líderes y bloqueando los recursos financieros que sostienen sus actividades ilícitas.
Asimismo, advirtió que actuar únicamente con operativos policiales sin un enfoque integral puede debilitar la confianza ciudadana en las instituciones y profundizar la brecha entre autoridades y población, especialmente en comunidades vulnerables.
Herrera puntualizó que el éxito del estado de excepción depende de un sistema judicial eficiente y de un control financiero riguroso sobre las economías ilegales; sin estas condiciones, las medidas podrían percibirse como simbólicas y no ofrecer una solución real frente a la delincuencia.
Finalmente, subrayó la importancia de una estrategia integral que combine fuerza con prevención, intervención comunitaria e investigación, para romper ciclos de violencia y avanzar hacia una seguridad sostenible.
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