Sector Transporte pesado

Transportistas demandan exoneraciones y tarifas reguladas tras subida del diésel

La ministra de Gobierno, Nathaly Morillo, informó que el Ejecutivo analiza ampliar entre uno y dos meses la compensación para los transportistas, debido al alza del combustible.

21 Abril de 2026
La restricción para el transporte pesado en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
La restricción para el transporte pesado en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Créditos: Municipio de Quito

En NotiMundo A La Carta, Luis Vizcaíno, vicepresidente de la Federación de Transporte Pesado del Ecuador, explicó que el precio del diésel pasó de 2,71 a 2,96 dólares, lo que representa un incremento del 9,3%. Este ajuste impacta directamente en el sector, ya que el combustible representa entre el 35% y 40% de los costos operativos de un camión.

Según detalló, el efecto inmediato en los costos globales bordea el 4% únicamente por el diésel, pero asciende hasta el 8% al considerar el encarecimiento de insumos como llantas y aceites. Vizcaíno destacó que el transporte pesado es la "columna vertebral de la economía", debido a su papel en la movilización de productos hacia puertos, fronteras, mercados y centros de abastecimiento.

Medidas Complementarias Exigidas al Gobierno

Tras una reunión con el ministro de Transporte, el dirigente planteó tres acciones prioritarias: la exoneración del IVA en la compra de combustible para unidades con permisos vigentes; la aplicación de un IVA diferenciado del 5% para insumos operativos, lo que permitiría recuperar ese impuesto; y la implementación de un piso tarifario técnico regulado por la Agencia Nacional de Tránsito, con el fin de evitar que el sector opere a pérdida.

Además, señaló que, a diferencia del transporte de pasajeros, la carga pesada no cuenta con subsidios permanentes, por lo que ha debido absorber los costos o renegociar tarifas con clientes privados. A esto se suman factores externos que agravan la situación, como la disminución del comercio con Colombia, las exigencias de calidad de combustible en Perú y los problemas de inseguridad en las carreteras.

Aunque el sector no busca una paralización, advirtió que esta podría volverse inevitable si no se adoptan soluciones en el corto plazo, ya que —según afirmó— "nadie trabaja para perder dinero".

También remarcó que el impacto del transporte en el precio final de los productos es mínimo, por lo que hizo un llamado al sector privado a ajustar sus tarifas y asumir parte de la carga.

Finalmente, insistió en que, si no se concretan medidas en los próximos días, se solicitará el congelamiento del precio de los combustibles, al considerar que incrementos mensuales del 5% resultan insostenibles para los más de 250.000 camiones que operan en el país.

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