Tribunal de Triple A declara prófugo a Fernando Viteri, primo de Aquiles Alvarez, y suspende etapa de juicio para él
Este domingo, 31 de mayo del 2026, el Tribunal de Juzgamiento del caso Triple A declaró en condición de prófugo a Fernando Viteri Henriques, primo del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez Henriques, y procesado en esta causa, y dispuso su captura.
La etapa de juicio quedó suspendida para él hasta que sea capturado o se presente de manera voluntaria. Esto porque el delito de comercialización ilegal de hidrocarburos no puede ser juzgado en ausencia del sospechoso.
El pasado sábado 30, el tribunal -integrado por los jueces Jorge Sánchez (presidente), Clara Soria y Víctor Barahona- no pudo reinstalar la audiencia de juicio ya que Viteri no se presentó.
Su abogado Joseph Sánchez alegó que había sufrido una calamidad doméstica y solicitó que se le diera tiempo para justificarla y probarla.
La madrugada de ese mismo día, el juez Jairo García dictó prisión preventiva en su contra y de su hermano Andrés, a quienes también se procesa en el caso Goleada, en el que se indaga un presunto lavado de activos relacionado con un entramado societario del alcalde.
El tribunal de Triple A aceptó darle 24 horas al abogado de Viteri y, esta mañana, él indicó que, en efecto, su cliente no podría presentarse ya que tiene una orden de prisión en su contra por el caso Goleada.
La defensa de Viteri pidió, asimismo, diez días para resolver la situación jurídica de tres empresas: Ternape, Corpalubri e Indudiésel, porque el acusado renunció a su representación el 24 de marzo del 2026 y aún no nombran su reemplazo.
El tribunal concedió el plazo, pero obligó a mantener la defensa.
La audiencia se reinstaló a las 10:30, pero la defensa de Aquiles Alvarez pidió la suspensión hasta resolver la representación legal de las tres empresas a las que renunció Fernando Viteri, argumentando que podría afectarse el derecho a la defensa y por lo tanto, motivo de nulidad.
La Fiscalía contradijo esa petición y calificó como una nueva estrategia para dilatar el proceso.
La petición de la defensa motivó nuevamente que el presidente del Tribunal, Jorge Sánchez, pida unos minutos para consultar la normativa y a los dos jueces del Tribunal.
A las 11:50, el juez reingresó a la sala y negó el pedido de la defensa técnica de suspender la audiencia. El magistrado argumentó que la continuidad de la diligencia no vulneraba el derecho a la defensa de las empresas procesadas, ya que sus representantes legales se encontraban presentes.
Con esta decisión, se reinstaló la audiencia de juicio, en la que la fiscal Ruth Amoroso busca demostrar la presunta participación de todos los imputados en la comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos.
La investigación del caso Triple A se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).
En la denuncia se habría alertado sobre presuntas irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles que habrían generado un perjuicio económico al Estado ecuatoriano debido a diferencias significativas entre el volumen de combustible despachado y el facturado por varias estaciones de servicio y empresas comercializadoras. De acuerdo con los resultados de la investigación de la Fiscalía, el perjuicio económico al Estado ascendería a $ 61′502.658,39, correspondientes a 22′777.191,80 galones de combustibles entre diésel y gasolina.
En el caso Triple A, están en calidad de acusados 16 personas naturales y seis personas jurídicas, a quienes se les acusa del presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.
Hacia el medio día de este 31 de mayo, continuó la audiencia con el testimonio de Germán Huayamave, técnico de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), donde tanto la parte acusadora como la defensa técnica no realizaron preguntas.
El siguiente testigo fue Emmanuel Salazar, de la Unidad Nacional para Delitos Hidrocarburíferos de la Policía Nacional y en este caso participó como agente investigador, en julio de 2024 y fue el encargado de realizar el informe que sustenta la acusación fiscal.
La Fiscalía también ha solicitado la presencia de al menos 23 testigos más, la lista es la siguiente: Alexis Ushiña, Edinzon Sánchez, Medardo Silvia, Mario Salas, Washington López, Gabriela Infante, Carlos Flores, Martha Toledo, Gustavo Falconí, Jorge Álvarez, Guillermo Vinuesa, Liseth Delgado, Sonia Narváez, Marcos Cevallos, Joffre Orellana, José García, Gustavo Cruz, David Cabrera, Andrés Toledo, Carlos Jaramillo, Víctor Granados, Diana Ontaneda y Alina Morejón.
El juez del Tribunal, Jorge Sánchez, a las 14:23 reclaró un receso de una hora para continuar con la recepción de testigos. También ratificó que se mantienen las convocatorias a audiencias para los días 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 14 de junio de 2026, todas a partir de las 08:30.