Manifestaciones
Otavalo fue el epicentro de los enfrentamientos entre manifestantes y miembros de la Fuerza Pública. Bombas lacrimógenas, adoquines, palos y escudos improvisados con latas marcaron la tónica del día número 23 del paro nacional.
El ministro del Interior, John Reimberg, consideró que las movilizaciones perdieron su escala provincial y, ahora, se mantiene una preocupación particularmente sobre dos cantones, especialmente Otavalo, donde se desplegarán al menos 5.000 militares para dispersar a los manifestantes.
Según el ministro Reimberg, al menos 43 detenidos y 13 militares heridos dejan hasta el momento los enfrentamientos en Otavalo. El Ejército señaló que los uniformados habrían sido atacados con petardos, bombas molotov, machetes y armas blancas, por lo que fueron trasladados vía aérea hacia distintas casas de salud.
Mientras tanto, desde la CONAIE se denuncia al menos 50 heridos, de los cuales, 31 casos habrían ocurrido de manera "arbitraria". La Confederación pidió el retiro de las Fuerzas del Orden de Otavalo, así como de la provincia de Imbabura, y solicitó atención médica urgente para las personas afectadas.
Urgencia de diálogo
Para el analista político, Hernán Reyes, lo que se espera es que, tras cuatro semanas de paro nacional, se entable finalmente un diálogo en "condiciones adecuadas". Sin embargo, cuestionó que las autoridades han centrado su discurso en responsabilizar la falta de conversaciones a la dirigencia de la CONAIE. Esto, dijo, supone un desconocimiento de la lógica de las movilizaciones que, a su criterio, parten de los sectores sociales y sus bases, antes que de comunidades indígenas.
Reyes consideró que el estallido de las manifestaciones recae sobre la inacción del presidente Daniel Noboa en torno al conflicto político. Mientras tanto, el escenario apunta a la población enardecida y que, según Reyes, se ha cohesionado en contra del Gobierno.
"El Gobierno ha actuado con total torpeza y no ha logrado desactivar un paro en 23 días", dijo.
De acuerdo con Reyes, existe cierta desconfianza desde las organizaciones sociales con respecto a la parte oficial en cuanto al diálogo. Recordó que manifestaciones como las del 2019 y el 2022 terminaron en acuerdos "tremendamente cortos", y fueron incumplidos por los gobiernos entrantes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación en torno a eventuales vulneraciones cometidas en el marco del paro nacional. El organismo recordó que la protesta social es un derecho protegido en la Constitución ecuatoriana, y condenó los hechos de violencia perpetrados, tanto desde la Fuerza Pública como desde los manifestantes.
La Comisión exhortó al Estado ecuatoriano a investigar de forma imparcial las denuncias de uso excesivo de la fuerza, y a juzgar y sancionar a las personas funcionarias responsables de violaciones de derechos humanos. Además, instó a las autoridades a establecer un diálogo intercultural con los manifestantes para reducir las fricciones sociales.
Sobre estas declaraciones, Reyes insistió en que debería existir rigurosidad para juzgar excesos de la Fuerza Pública y garantías para que estos no queden en la impunidad.
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