Un diálogo efectivo y sin condiciones entre el Gobierno y la CONAIE es la salida del paro nacional, coinciden analistas
Al iniciar la segunda semana del paro nacional, el Gobierno descartó nuevamente el diálogo con organizaciones indígenas y sociales. La vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, cuestionó los enfrentamientos registrados durante el fin de semana que dejaron 12 militares heridos y 17 retenidos.
Jaramillo también lamentó la emboscada a un convoy militar que custodiaba el traslado de alimentos en el sector del puente de Ilumán, en la vía Cotacachi-Ibarra. Insistió en que, las manifestaciones derivaron en presuntos actos de terrorismo.
La CONAIE, por su parte, emitió nueve resoluciones y demandas, que incluyen el respeto a la protesta, la reducción del IVA del 15 al 12%, el rechazo a la consulta popular y la libertad de los 12 detenidos por presunto terrorismo.
El presidente de la Confederación, Marlon Vargas, negó que exista un financiamiento externo de las manifestaciones e hizo un llamado al presidente Daniel Noboa, anticipando un eventual escenario similar al de los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso.
El valor del diálogo
Para el experto en seguridad, Jean Paul Pinto, la escala de violencia y enfrentamientos entre los manifestantes y el Gobierno responden a la postura de no alcanzar puntos de consenso y negar el diálogo. Estas fricciones, dijo, llevaron a que, de ambas partes, existan acciones judicializables.
Del lado de las Fuerzas Armadas, consideró "desproporcionada" la intervención de los uniformados, particularmente en la muerte de Efraíz Fuerez, comunero de Cotacachi fallecido durante el primer fin de semana del paro nacional. A su criterio, la presencia militar en las manifestaciones habría estado justificada únicamente con evidencia clara de la supuesta incidencia del Tren de Aragua y la minería ilegal.
Señaló que, en el marco del paro nacional, las Fuerzas del Orden debieron aplicar inteligencia para determinar cuáles eran las amenazas a las que se enfrentarían. Sobre esta base, dijo, estaría justificada la presencia de los uniformados, además de la Policía Nacional.
"Los militares en mal uso del protocolo le terminarán perjudicando (al presidente de la República)", dijo.
Por otro lado, consideró que las actuaciones de comunidades indígenas no deben caer en términos violentos. Esto, en referencia a los 12 militares heridos y otros 17 retenidos que, según Pinto, deberían ser judicializados conforme a la normativa vigente.
"Lo más lógico actualmente es sentarse a conversar", insistió.
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Atender las necesidades de la población
La exasambleísta por Imbabura, Lucía Posso, insistió en que la solución a la crisis debe pasar por un diálogo efectivo y sin condiciones, enfatizando que las demandas de la población no deben ser desestimadas. Además, cuestionó la falta de atención por parte del Gobierno a las necesidades de la población.
Para una conversación fructífera, consideró Posso, debe existir un reconocimiento de las demandas legítimas del pueblo. A su criterio, el Gobierno debe dar el primer paso, mostrando voluntad política para sentarse con los diferentes sectores de la sociedad, incluidos representantes de gremios y comunidades indígenas.
Por otro lado, lamentó el uso de la fuerza por parte del Ejército contra civiles. Algo que, señaló, desnaturalizó la situación y generó indignación nacional.
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