Guayas, Manabí y Los Ríos son las tres provincias donde las Fuerzas Armadas ejecutarán un despliegue masivo para contrarrestar las actividades delictivas, mientras el alto mando militar comanda sus operaciones desde Guayaquil.
Estas intervenciones, según el exjefe de Inteligencia del Ejército, Mario Pazmiño, están orientadas a atacar la ruta de la droga. En el caso de Manabí y Guayas, se combate a las áreas de salida de sustancias ilícitas, mientras que Los Ríos corresponde a una provincia "bisagra" para distribuir la droga desde centros de acopio.
El éxito de la denominada 'Operación Ofensiva Total', dijo, podría medirse por múltiples factores. Entre ellos, la reducción de homicidios, extorsiones, el reclutamiento de menores y un menor flujo de droga circulando por mercados ilícitos. Aclaró que, si bien las acciones tendrían un efecto inmediato, podría no sostenerse a largo plazo.
Pazmiño advirtió que, la intervención de las Fuerzas Armadas se centra únicamente en recuperar el control territorial perdido en las tres provincias mencionadas, pero que podría tener un efecto "boomerang" o "globo". Alertó que, ante la presencia de uniformados en la zona costera, la criminalidad podría migrar a puntos de la Sierra como Quito, Ambato, Cuenca e Ibarra.
"(Las operaciones) son acciones parciales, no totales", aclaró.
Sobre los filtros de seguridad a la interna del Ejército, Pazmiño consideró que los destinos de los equipos de combate deben revelarse a último momento para evitar infiltraciones. Destacó la importancia de que se neutralicen celulares, y se evalúen parámetros de confianza de quienes intervengan en Manabí, Guayas y Los Ríos.
De acuerdo con Pazmiño, los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben asumir su rol dentro del combate a la criminalidad. A su criterio, deberían activarse los Comités de Seguridad Provinciales para impedir que personas vinculadas a grupos armados salgan de las provincias intervenidas.
Otro eje de acción, dijo, es la justicia. Detalló que, al tratarse de un tema de Estado, debería prestarse principal atención en los operadores judiciales. Esto, debido a que la justicia se ha convertido, a su criterio, en una fuente de impunidad para el crimen organizado.
A esto, insistió, deben sumarse estrategias para atacar las economías criminales a través de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) y el Servicio de Rentas Internas (SRI), muy aparte de la ofensiva en territorio.
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