Una amplia discusión técnica y "sensible" debe marcar el tratamiento de la ley de la eutanasia en la Asamblea Nacional, según Salim Zaidán
El Proyecto de Ley Orgánica de la Eutanasia regresará a la Comisión del Derecho a la Salud y el Deporte para la elaboración del informe para segundo debate, luego de agotarse la primera discusión en el Pleno de la Asamblea. La iniciativa responde a la sentencia de la Corte Constitucional, emitida el 5 de febrero del 2024, en la que despenaliza la muerte asistida, pero solicita a la Legislatura la elaboración de una ley para su aplicación.
La normativa establece dos modalidades de eutanasia: eutanasia voluntaria y voluntaria anticipada. En ella, se definen requisitos como mayoría de edad, capacidad de decisión, diagnóstico de enfermedad grave e incurable o lesión irreversible, y la existencia de sufrimiento intenso, además de la obligación de contar con consentimiento informado y acceso a cuidados paliativos.
Salim Zaidán, decano de Jurisprudencia de la Uniandes y abogado constitucionalista, lamentó que el tratamiento de la ley de eutanasia llegue dos años después del fallo de la Corte. Incluso, el reglamento elaborado por el Ministerio de Salud fue expedido antes que la propia normativa. Algo que, según Zaidán, no debió ocurrir en ese orden, sino viceversa.
Desde la vigencia del reglamento, dijo, pacientes con cuadros clínicos críticos cuestionaron la dificultad para acceder a la eutanasia. De acuerdo con Zaidán, el trámite de la ley debería, ahora, alcanzar un balance para facilitar la gestión de este procedimiento.
Por ello, consideró imprescindible abordar temas como la objeción de conciencia y la eliminación de barreras burocráticas en medio de una discusión amplia de la Legislatura.
"Estos temas sensibles tienen que ser abordados desde la formulación de una política pública y la aprobación de una ley ampliamente discutida en la que puedan intervenir expertos", enfatizó.
Más allá de la propuesta que pueda aprobarse en la Asamblea, Zaidán consideró que una de las principales preocupaciones es que el sistema de salud "no esté preparado" para garantizar el acceso a la eutanasia. Esto, alertó, prolongaría aún más el dolor del paciente.
Controversia en la Judicatura
Alexandra Villacís exhortó al Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a la Corte Nacional de Justicia a cumplir la decisión judicial que le concedió un habeas data y ordenó rectificar su impedimento para ejercer cargos públicos. La vocal suplente de la Judicatura denunció que, el Ministerio del Trabajo incumplió la sentencia que planteaba la corrección de la inhabilidad de Villacís de manera inmediata.
La funcionaria señaló que este "desacato" expone a la institución a consecuencias contempladas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, incluidas medidas coercitivas y responsabilidades ulteriores.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social solicitará al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, que complete la terna para la selección de vocales del Consejo de la Judicatura.
El pronunciamiento llegó días después de que se conoció que dos de los integrantes de la lista registraban impedimentos para ejercer cargos públicos. Ellos son María Fernanda Morejón y Óscar Chamorro, mientras que la única aspirante en pie es la jueza Mercedes Caicedo.
El presidente del Consejo, Andrés Fantoni, aseguró que la institución no tiene cabida en la resolución de habeas data de Alexandra Villacís, y se deslindó de las responsabilidades sobre la situación jurídica de la vocal.
Según Salim Zaidán, la sentencia de la jueza debió ser de inmediato cumplimiento. Es decir, debía rectificarse el impedimento y ofrecerse disculpas públicas a nombre del Ministerio del Trabajo. Advirtió que, incluso, este desacato podría terminar en la destitución del titular de la Cartera de Estado.
"Es grave el escenario si no se evalúan las consecuencias que se pueden generar", puntualizó.
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