Una "ley saludable": Yuri Colorado respalda las reformas al COOTAD del Ejecutivo y asegura que impulsarán una "disciplina fiscal"
A las 11h00 de este viernes 20 de febrero, el Pleno de la Asamblea se reunirá para tratar en segundo debate las reformas al Código Orgánico de Gobiernos Autónomos Descentralizados, remitidas por el Ejecutivo.
El documento ratifica la regla del 70/30, para que el 70% del presupuesto esté destinado a inversión y el 30% a gasto corriente. La presidenta de la Comisión, Valentina Centeno, insistió en que la propuesta busca la eficacia del gasto de municipios y prefecturas.
De acuerdo con Yuri Colorado, presidenta de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), la división del 70% para gastos de inversión y 30% para corriente son cuestiones ya existentes en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
Esto se establece en los artículos 192 y 198 del cuerpo normativo, pero que, en esta reforma planteada por el Ejecutivo, se contempla la creación de 6 ítems adicionales. Así, se fijan partidas presupuestarias en las cuales se aplica el 70%, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas hará una revisión trimestral del cumplimiento de la ley. Este informe, incluso, podría remitirse a la Contraloría General del Estado.
Cuestionamientos de Municipios y Prefecturas
La propuesta del Gobierno recibió el rechazo de autoridades provinciales y municipales. El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, alertó que el proyecto podría desembocar en 5.000 despidos en la capital por el recorte de servicios en sectores vulnerables. Según Muñoz, otros campos que se verían afectados son las unidades educativas, programas de salud mental, la iniciativa 60 y piquito, casas hogar para adultos mayores, entre otros. El Alcalde consideró que aprobar la normativa sería un "gravísimo error", por lo que pidió su archivo ante el Pleno de la Asamblea.
Otra de las autoridades en reaccionar fue la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, quien alertó que el informe para segundo debate se aprobó en la Comisión de Desarrollo Económico sin escuchar a las provincias y ciudades. "Es incomprensible que la Asamblea haga oídos sordos a nuestros argumentos", señaló Pabón, al tiempo que anunció que insistirán en ser recibidos en el Pleno durante el debate definitivo de la propuesta del Gobierno.
La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, consideró que la reforma planteada por el Ejecutivo "castiga" la inversión social y habría sido construida sin las voces de autoridades locales. Según Aguiñaga, sectores como el de cuidados, protección y servicios sociales se verían ampliamente afectados en su inversión en caso de aprobarse el proyecto de ley. "No pretendíamos asistir a la Asamblea para defender privilegios burocráticos, sino para proponer un modelo que funcione para la gente, no solo para el contador del Ministerio de Finanzas", dijo a través de sus redes sociales.
El prefecto del Azuay, Juan Lloret, también cuestionó las reformas al COOTAD que se tramitan en la Asamblea. Según Lloret, este proyecto pretendería reducir USD 1.000 millones en asignaciones y con eso liquidar a los Municipios pequeños y eliminar los proyectos sociales. Por su parte, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, envió un oficio a la Legislatura, para ser recibido durante el segundo debate del Pleno y expresar su inconformidad con la propuesta del Ejecutivo.
En Manabí, el prefecto Leonardo Orlando calificó como "regresivo" al proyecto de ley planteado por el Ejecutivo. A su criterio, la normativa impactará directamente en el desarrollo territorial y la inclusión social de grupos vulnerables. Orlando insistió en que, en lugar de la iniciativa del Gobierno, debería afianzarse la distribución y asignación de los recursos con mayor equidad.
Si bien desde los Municipios y Prefecturas, existe inconformidad con el planteamiento del Gobierno, según Colorado, resulta necesario un control sobre el gasto de las administraciones locales. Explicó que, por concepto del Modelo de Equidad Territorial, los Municipios y Prefecturas reciben USD 300 millones, de los cuales, USD 210 deben destinarse a agua, saneamiento e infraestructura, mientras que la diferencia va a gasto corriente.
"La ley es saludable. Respaldamos la disciplina fiscal y eficiencia del gasto", dijo.
Una de las sugerencias, de acuerdo con Colorado, es la incorporación de la partida 71 con valores y porcentajes razonables. Consideró que la realización de estudios y la contratación de equipo técnico no debería ser contemplada como gasto corriente, sino de inversión. Algo que fue estipulado en la propuesta del Ejecutivo.
"Creemos que en el reglamento se norme la cantidad de recursos que se va a invertir en consultoría", señaló.
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