Una "omisión" de la Contraloría se consumó por no advertir irregularidades en la fase preparatoria de los contratos con Progen, según exsubcontralora
La versión de Fabián Calero entregada a la Fiscalía en septiembre del 2025 sobre el caso Progen genera alertas sobre el rol de la Contraloría en las contrataciones. Según el exgerente de CELEC y exviceministro de Electricidad, el organismo de control habría acompañado la licitación, mientras el Ministerio de Energía y Minas supervisaba el cumplimiento de los acuerdos ministeriales vigentes, relacionados a la emergencia eléctrica del 2024. Además, aseguró que los avances en los procesos eran reportados al directorio de CELEC.
El delegado de la Contraloría encargado del acompañamiento en la fase preparatoria de los fallidos contratos con Progen era Antonio Mora, director nacional jurídico de la institución, y quien participó en una revisión el pasado 21 de junio del 2024.
Para Alejandra Vivanco, exsubcontralora general del Estado, el organismo de control era el llamado a advertir irregularidades en la etapa preparatoria de los contratos por distintos motivos.
Uno de ellos, que el Ministerio de Energía y Minas no podía delegar la competencia a CELEC para la contratación de generadores. Esto, debido a que, al tratarse de una compra corporativa, el único facultado a efectuarla era la Cartera de Estado.
La legislación relacionada a los controles de la Contraloría, según Vivanco, presionan a la institución a efectuar dichas labores. Tanto con reformas previas y posteriores a julio 2024, enfatizó, la entidad está "aún más obligada a pronunciarse respecto a inconsistencias".
"Estamos hablando de una omisión. Porque si participó en la asesoría, obviamente tenía que pronunciarse", dijo.
Otro de los cuestionamientos, según Vivanco, apuntan a que los controles posteriores no se hayan efectuado sobre el Ministerio de Energía y Minas como ente rector de la política pública. Un ejemplo de esto, dijo, es que se determinaron indicios de responsabilidad penal contra el secretario jurídico José Manuel Oliveira. Explicó que, de ser posible estos hallazgos, debieron extenderse a altas autoridades de la institución, incluidos Ministros.
Ahora, con el avance del caso Apagón, es la Fiscalía la que formula cargos y emite acusaciones contra los 21 procesados, mientras que la justicia será la encargada de emitir sentencias. El escenario actual, según Vivanco, pudo obviarse con una participación activa de la Procuraduría que, a su criterio, debió demandar la nulidad de los contratos.
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