Alcalde de Quito podría enfrentar hasta 12 años de cárcel; "la transparencia e integridad no se negocian", dice concejal Merino
La acción legal presentada en la Fiscalía General del Estado se enmarca en el proceso de adquisición de 60 trolebuses para la capital, y tras un informe de la Contraloría General del Estado que determinó indicios de responsabilidad penal, administrativa y civil, además de un perjuicio que supera los USD 2,5 millones.
En NotiMundo al Día, Merino lamentó que, pese a las alertas levantadas, se continuó con un esquema irregular de contratación para la compra de los trolebuses, eludiendo los procedimientos establecidos.
El concejal reveló que la denuncia penal vino tras agotarse varias instancias. En la Comisión de Movilidad, por ejemplo, presidida por Diego Garrido, se solicitó que se abstengan de aplicar los esquemas de triangulación para la compra, sin embargo, se hizo caso omiso.
Posteriormente, Merino activó los mecanismos en auditoría interna del Municipio, al tiempo que solicitó un examen especial por parte de la Contraloría.
"Esperé un tiempo para que el alcalde genere los correctivos políticos y pida la renuncia del gerente de la Empresa de Pasajeros, pero no lo hizo", lamentó.
En este sentido, explicó que la denuncia por presunto peculado se sustenta en el informe de la Contraloría, donde se estableció una responsabilidad administrativa de USD 80.000, por eludir los procesos de compras públicas; una glosa de USD 2,5 millones; e, indicios de responsabilidad penal.
Merino aseguró que en el Concejo Metropolitano no existe un verdadero afán de fiscalizar, sino un espíritu de cuerpo, "para que estos procedimientos irregulares no se traten".
El Edil cuestionó que existan concejales que prefieren cuidar la imagen del Burgomaestre, antes que defender a la ciudad. En caso de prosperar la denuncia, Muñoz podría enfrentar una pena privativa de libertad entre 10 y 12 años, más las sanciones económicas en función del perjuicio generado.
¿Por qué surgieron las fricciones?
Merino también se refirió a su tensa relación con Muñoz, aunque en campaña electoral participaban e impulsaban proyectos juntos. "Yo soy parte de un movimiento que apostó por un programa de gobierno, el cuál hemos acompañado siempre", dijo.
No obstante, aclaró que esto no significa "taparse los ojos" al momento de ejercer el rol fiscalizador.
"Tenemos valores y principios que guían nuestro trabajo. El valor de la transparencia y de la integridad en la gestión pública es algo que no estamos dispuestos a negociar", sentenció.
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